Lecciones de una pandemia

Los fondos de recuperación aportarían mayores beneficios a la sociedad si se destinaran a la restauración fluvial, la restitución de comunidades biológicas o los flujos de sedimentos que sustentan deltas y playas.

Por segundo año consecutivo conmemoramos el día mundial del agua en estado de pandemia global. La crisis sanitaria ha hecho eclosionar otras crisis latentes y ha puesto de manifiesto las disfunciones de un sistema socioeconómico global incompatible con la biosfera. 

Los efectos de la crisis climática, la reducción del espacio ecológico vital para especies no humanas y la pérdida de biodiversidad, junto al incremento de desigualdades sociales intolerables o la aceleración del consumo de recursos y generación de residuos, subyacen a la expansión descontrolada de un virus de origen animal que ha trastocado la vida humana en todo el planeta.

Ya no son advertencias de los analistas, sino realidades palpables y dolorosamente próximas.

La crisis sanitaria y sus consecuencias son la comprobación empírica de que el deterioro ambiental conduce a un mayor riesgo de transmisión a humanos de enfermedades de origen animal; de que transformar el cuidado de los mayores y dependientes en un negocio puede ser letal o de que el acceso al agua potable y el saneamiento, que parecía un problema ajeno a nuestro entorno, tampoco aquí es universal.

«Grupos de población económicamente más vulnerables,  sin fuentes de ingreso debido al confinamiento, no pudieron hacer frente al pago de los suministros básicos como la energía y el agua«

En la primavera de 2020 cuando la administración sanitaria recomendaba insistentemente el lavado de manos como medida preventiva fundamental frente al contagio, pudimos ver las condiciones de vida en los asentamientos de los trabajadores del campo, en su mayor parte inmigrantes, sin saneamiento y con condiciones muy precarias de acceso al agua potable. Además, grupos de población económicamente más vulnerables – sin fuentes de ingreso debido al confinamiento- no pudieron hacer frente al pago de los suministros básicos como la energía y el agua.

Como ocurrió con las residencias de ancianos, la pandemia iluminó el lado oscuro del modelo de privatización de los servicios básicos que afectan a derechos humanos esenciales y también las prioridades del negocio. 

Vista desde la ermita del Pilar y vemos el campanario de la iglesia saliendo de las aguas del embalse de Ribaroja, río Ebro.

Así, la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) solicitó en una carta a la ministra de Transición Ecológica, la suspensión de las medidas de protección de los usuarios más vulnerables aduciendo perjuicios comerciales que podían poner en peligro el equilibrio económico financiero de sus contratos de concesión. Afortunadamente el Ministerio, atendiendo a la petición de las organizaciones integradas en la Red por el Agua Pública, mantuvo dicha protección y la ha prorrogado a medida que se iba alargando el estado de alarma. 

«Existen riesgos específicos para el disfrute de los derechos humanos al agua y al saneamiento en los casos de privatización«

Según el informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de julio de 2020, existen riesgos específicos para el disfrute de los derechos humanos al agua y al saneamiento en los casos de privatización. La maximización de los beneficios, el monopolio natural de los servicios y los desequilibrios de poder consustanciales a la gestión privada o mixta público-privada justifican la alerta del relator.

A diferencia de otros estados de nuestro entorno, en los que la gestión del agua urbana es mayoritariamente pública, en España se ha privatizado el servicio en porcentajes variables según las comunidades autónomas, alcanzando en algunas de ellas, como Catalunya o València, al 80% de la población, poniendo en riesgo el disfrute de los derechos.

Presa de Los Anguijes, fin del tramo a cielo abierto del trasvase Tajo-Segura, comienzo del túnel del Talave

Más allá de la falta de garantía de derechos y su relación con el modelo de gestión, la vulnerabilidad de la disponibilidad de agua de calidad tiene raíces profundas y de largo alcance.

«La reacción de los usuarios dominantes y parte de la administración hidráulica, con matices y excepciones, ha conseguido bloquear el cambio durante décadas«

Al deterioro secular de ríos, lagos y acuíferos (una situación reconocida desde finales del siglo pasado y a la que la Directiva Marco del Agua ha intentado poner remedio desde su aprobación en 2020) se añaden ahora los efectos del cambio climático. En la actualidad se están revisando los planes hidrológicos cuya función es la de recuperar el buen estado de los ecosistemas hídricos con el fin de garantizar un uso sostenible del agua.

Sin embargo, la reacción de los usuarios dominantes y parte de la administración hidráulica, con matices y excepciones, ha conseguido bloquear el cambio durante décadas y, ahora, ven en los fondos de reconstrucción post-covid la ocasión de apuntalar un modelo de explotación intensiva de los ecosistemas acuáticos cuyos límites son evidentes. 

Destinar fondos a obras hidráulicas de regulación, a la expansión del regadío o a su modernización sin control ambiental, no solo tiene un coste de oportunidad elevado, en la medida que siendo los fondos limitados éstos se dejan de invertir en actividades prioritarias y con futuro, sino que además tiene un coste no computado en términos de pérdida de servicios ecosistémicos.

 Esos fondos aportarían mayores beneficios al conjunto de la sociedad si se destinaran a la transformación ecológica de los sectores o a la restauración fluvial, restituyendo entre otras cosas, las comunidades biológicas o los flujos de sedimentos que sustentan los deltas y las playas.

«Destinar fondos a obras hidráulicas de regulación, a la expansión del regadío o a su modernización sin control ambiental tiene un coste no computado en términos de pérdida de servicios ecosistémicos»

En el lado positivo de este balance anual de urgencia podemos apuntar la aprobación de la directiva de aguas potables que, al adoptar un enfoque de gestión del riesgo, refuerza la estrategia preventiva de recuperación del buen estado ecológico de ríos y acuíferos. A pesar de sus limitaciones, la directiva deja abierta la posibilidad de mejora en el proceso de transposición al derecho interno. Es, por tanto, la ocasión para reforzar la garantía de los derechos humanos al agua y el saneamiento y de centrar los esfuerzos en la recuperación y protección de los ecosistemas acuáticos como fundamento de una política sostenible del agua.

Por: Francesc La-Roca, Julia Martínez, La Vanguardia