Transición justa: ¿es hora de repensar?
Desde 2019, España ha estado a la vanguardia con el lanzamiento de una Estrategia de Transición Justa para proteger sus históricas regiones mineras de carbón de los impactos de la descarbonización. Rosa Martínez examina la adopción de una transición justa en las políticas públicas y dónde se encuentran hoy las regiones afectadas de España. El progreso es alentador, pero la aceleración de los procesos de digitalización y automatización significa que es hora de acelerar la noción de transición justa para que pueda ofrecer soluciones a prueba de futuro en un mundo donde el empleo es cada vez más precario.
En 2015, antes de la ratificación del Acuerdo de París, la Organización Internacional del Trabajo publicó sus Directrices para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos . El concepto de transición justa, sin embargo, ya estaba bien establecido entre los partidos verdes y los activistas ambientales. Ofreció una respuesta a las críticas a la transición ecológica basada en su impacto en el empleo, y también reforzó la justicia social como un valor verde central.
Del concepto político a la política pública
En España, la transición justa se abrió camino en las políticas públicas meses antes de que entrara en vigor la decisión de la UE de poner fin a la ayuda financiera para la industria de la minería del carbón, lo que obligó al cierre de minas que no podían operar sin apoyo. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que llegó al poder en 2018 tras una moción de censura que derrocó al conservador Partido Popular (PP), se encontraba en una situación políticamente delicada, dado que las zonas más afectadas estaban formadas por socialistas. votantes. La respuesta del Ministerio de Transición Ecológica fue crear un Plan de Acción Urgente de Transición Justa (2019-2021) para las regiones impactadas por el cierre de las minas y cinco centrales térmicas.
Meses después, en febrero de 2019, la Estrategia de Transición Justa se presentó como uno de los pilares del Marco Estratégico de Energía y Clima del gobierno. La introducción de un ángulo social en la política climática y la transición energética fue una novedad en la política y luego sería adoptada por la Comisión Europea en el Pacto Verde Europeo con su Mecanismo de Transición Justa lanzado en enero de 2020.
¿Donde nos encontramos ahora? Hasta el momento, los procesos solo se han implementado en áreas afectadas por el cierre de minas de carbón y centrales térmicas a través de convenios con las administraciones locales – 13 firmados a la fecha – con el objetivo de proteger el empleo. En noviembre de 2020 se publicó un breve informe de avances, detallando las acciones realizadas hasta la fecha y dando una idea de la complejidad del desafío emprendido.
Si en su día la industria minera fue el mejor ejemplo de anteponer las empresas a los trabajadores, ahora la historia se repite con la industria automotriz.
Al observar lo que se ha logrado hasta ahora, vale la pena enfatizar lo bien diseñada que está la Estrategia de Transición Justa en términos de política pública. Tiene una metodología rigurosa, objetivos medibles y procesos exhaustivos que incorporan características innovadoras como la dimensión participativa y la perspectiva de género. No hay financiación específica para cada acuerdo alcanzado con las administraciones locales; más bien, es trabajo del Instituto para la Transición Justa reunir los recursos necesarios para cada proyecto a través de las vías existentes de ayuda financiera. Cualquier fondo europeo disponible a través del Mecanismo de Transición Justa y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (la pieza central del fondo de recuperación de pandemias de la UE, Next Generation EU) será fundamental.
Asturias: 30 años de espera
¿Cómo se perciben estos esfuerzos en nombre de una transición justa en las zonas afectadas? En primer lugar, conviene tener en cuenta que, desde que se inició el proceso de reestructuración del sector minero en la década de 1990, la mayoría de estas regiones no han logrado crear una economía alternativa a pesar de que han recibido una financiación considerable. El trabajo iniciado en los últimos años por el Instituto de Transición Justa se ha topado con la falta de previsión y estrategia de las últimas décadas que ha erosionado la confianza de las comunidades en cualquier proceso que les prometa una alternativa de futuro al carbón.
Un periodista que ha seguido de cerca los procesos de transición justa implementados en la región de Asturias los calificó de lentos, caracterizados por multitud de acuerdos, mesas de negociación y grupos de trabajo pero carentes de un liderazgo visible para aunar los esfuerzos de los diferentes niveles de toma de decisiones involucrados con miras a diseñar una estrategia de mediano a largo plazo. También señalaron la tendencia de los actores locales a pensar en el corto plazo, ya sea en términos de inversiones directas o proyectos llamativos pero ineficaces. Los últimos 30 años han generado sentimientos generalizados de frustración y abandono entre las comunidades afectadas de la región. Aún así, las circunstancias no han sido del todo favorables para seguir adelante con los acuerdos de transición justa firmados en 2019:
Los procesos de transición justa no deben dejarse de lado en los debates en curso más amplios sobre el futuro del trabajo.
También vale la pena considerar de dónde parte cada área, ya que incluso dentro de las regiones las situaciones varían mucho. Mire el suroeste de Asturias, por ejemplo: una región montañosa con malas conexiones y una población escasa, donde la industria del carbón estaba dirigida por pequeñas empresas privadas. Con una grave escasez de servicios públicos (algunas ciudades están a casi dos horas del hospital regional más cercano), el área no atrae inversiones. ¿Qué tipo de transición puede tener lugar en algún lugar que luchó por mantener una población estable incluso cuando la industria minera estaba activa?
Es una historia diferente en Nalón y Caudal, las grandes regiones mineras de España ubicadas en el suroeste de Asturias, que ganaron notoriedad política por sus huelgas y rebeliones antifascistas durante la dictadura de Franco. Con fuertes conexiones de transporte, han logrado retener a los habitantes que se desplazan diariamente a los polos financieros de la región, Oviedo, Gijón y Avilés. En estas áreas existe una especie de entramado industrial que, a pesar de estar en declive, ha dejado infraestructuras y conocimientos que podrían ser útiles para futuros proyectos industriales. Es también la casa de HUNOSA, la gran empresa pública minera de carbón con 800 empleados, que debería estar jugando un papel fundamental en la transformación del modelo productivo de Asturias pero no lo está haciendo, ya sea por inercia, operaciones desactualizadas o falta de estrategia. visión por parte de sus directores.
Las transiciones nunca son fáciles. Cualquier análisis debe tener en cuenta lo traumático que es para las comunidades tener que reinventarse contra el reloj cuando siempre ha habido una fuente de sustento garantizada. Con el mundo ahora cambiando rápidamente, muchos residentes de las comunidades afectadas se preguntan por qué no aprovecharon los últimos 30 años. Esto plantea la pregunta inevitable: ¿y si es demasiado tarde para una transición justa basada en el empleo en determinadas regiones, a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado desde 2019?
Nuevos términos para una transición justa del siglo XXI
Más allá del carbón, la energía térmica y nuclear, las transiciones ecológica y energética afectarán a otros sectores, como la industria automotriz, la aviación y la petroquímica. Estos impactos también se dividirán a lo largo de líneas regionales y vale la pena aprender de las experiencias en otros sectores y regiones, aunque algunos aspectos están quedando obsoletos rápidamente.
Claramente, redunda en interés de la cohesión social y el compromiso de no dejar a nadie atrás (fundamental para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas) encontrar alternativas a los procesos de transformación económica que dañan el empleo y la fuente de sustento de una región determinada. Sin embargo, durante muchos años, la política ha tenido como objetivo proteger a las empresas a toda costa, en lugar de actuar en el mejor interés del público. Se priorizó la preservación de empleos insostenibles, a pesar de ser desastroso para las cuentas públicas. Por el contrario, se ha prestado mucha menos atención a garantizar una vida digna para los afectados por la transición mientras esperan que lleguen las alternativas. Si en su día la industria minera fue el mejor ejemplo de anteponer las empresas a los trabajadores, ahora la historia se repite con la industria automotriz.
Otro tema que vale la pena señalar es la perspectiva de género incluida en la Estrategia de Transición Justa, que tiene como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades de empleo. Garantizar la participación de las mujeres en nuevas oportunidades requiere el compromiso político y la participación de diversas áreas políticas que abarcan la distribución de las responsabilidades de cuidado, servicios públicos, formación y empleo.
Sin embargo, es fundamental ampliar el concepto de transición justa más allá de la transformación verde. El otro vector de transformación productiva, la digitalización, tendrá un gran impacto en el empleo, especialmente en los trabajos y sectores que requieren mano de obra menos cualificada. A pesar de cómo se propagarán sus impactos en las regiones y sociedades, ¿no deberíamos considerar cómo evitar dejar atrás a los millones de personas que se verán afectadas por la automatización de la producción y los servicios? Con previsiones que apuntan a que la digitalización conducirá a una destrucción neta de puestos de trabajo, seguramente tendría sentido empezar a diseñar otros modelos de transición justa complementarios que no se basen exclusivamente en la creación y preservación de puestos de trabajo.
Fueron los Verdes los primeros en traer el concepto de transición justa a la mesa, por lo que deberían ser los primeros en proponer un nuevo paradigma.
Los procesos de transición justa no deben dejarse de lado en debates más amplios sobre el futuro del trabajo. Si la cada vez más precaria situación del empleo obliga a repensar las políticas de protección social, esto debería constituir la base de planes de transición justa por dos motivos: primero, porque los procesos que afectan al empleo requieren soluciones de emergencia dirigidas a proteger los medios de vida de los afectados, ya que a corto -La necesidad a plazo no debe determinar la estrategia a medio o largo plazo. Y segundo, porque hacer promesas sobre el bienestar basadas exclusivamente en la creación de empleo puede que ya no sea posible en el siglo XXI, dada la naturaleza y la velocidad del cambio actual.
Fueron los Verdes los primeros en traer el concepto de transición justa a la mesa, por lo que deberían ser los primeros en proponer un nuevo paradigma. En primer lugar, debe estar conectado con otros debates profundamente vinculados a la transición ecológica más allá de la energía y el clima: la distribución del trabajo, la reducción de los niveles de producción y consumo, los límites físicos de la transición energética y la digitalización y la renta básica universal. En segundo lugar, será necesario desarrollar una nueva visión que aspire a la idea de “prosperidad con menos puestos de trabajo”.
En política existe una gran renuencia a reconocer lo difícil que será volver a los niveles de empleo anteriores. Sin embargo, es ineludible que la creación de un sistema de producción basado en empleos verdes, calificados y de alto valor agregado sea un proceso largo y tan incierto como el mundo en el que vivimos.
Una transición que no deja a nadie atrás
La transición a una economía verde y digital ya está en marcha; avanzamos hacia la descarbonización y la digitalización. El fondo de la UE de próxima generación acelerará estos procesos y sus impactos, tanto positivos como negativos. Ahora más que nunca, la conversación sobre la transición justa debe basarse en una política pública que sea rigurosa, medible y evaluable. España ha hecho un buen trabajo en este sentido con su estrategia de transición justa a medio y largo plazo bien diseñada.
Los procesos ya en marcha en las regiones afectadas por el cierre de minas de carbón y centrales térmicas permiten medir el estado de ánimo de la población, que se caracteriza en gran medida por la impaciencia y el escepticismo tras 30 años de mala preparación. También demuestran la importancia de reconocer desde dónde parte cada área: no hay dos procesos iguales y un enfoque a medida marcará la diferencia a la hora de diseñar alternativas económicas.
Por último, si bien preservar el empleo es un objetivo necesario y totalmente legítimo, el ritmo actual de cambio exige repensar el marco discursivo de la transición justa. Dada la complejidad del mundo actual, sería prudente conectarse con otros debates en curso, como el futuro del empleo o la renta básica universal. La transición ecológica es mucho más que un caso de descarbonización de la economía. Habrá repercusiones sociales, culturales y relacionales que deben tenerse en cuenta para mantener el principio central de la transición justa: no dejar a nadie atrás.
Por: Rosa Martínez Rodríguez, Green European Journal
