Las tres crisis y la innovación de las administraciones
El mundo entero se enfrenta a tres crisis simultáneas: La crisis económica concurrente y sanitaria inmediata de la pandemia de COVID-19. Una segunda crisis a más largo plazo que será de bajo crecimiento y productividad, la cual ya viene originada desde la crisis financiera de 2008. Y, por último, una crisis que tal vez sea la más letal, vinculada con nuestro medio de vida fundamental que es nuestro ambiente, una crisis climática global que pone en riesgo nuestro entorno natural y hace imprescindible el impulso de transiciones económicas significativas.
Pero hay algo que no debemos dejar de ver. Existen en estas propias definiciones una características interrelacionadas de estas crisis, las cuales va a definir el devenir del siglo XXI, Para ello, los gobiernos, en especial de los países desarrollados, deben implementar medidas sensatas y articuladas. Se necesita con urgencia que implementen modelos innovadores que saquen estas economías a flote, generando la capacidad y las herramientas para enfrentar estos procesos con agresividad y contundencia. El que piensa mucho, pierde.
Existen reclamos y recomendaciones alrededor del mundo académico que exponen fundamentos para que se de una política de innovación tecnológica sustentada en la promoción pública de mayor Investigación y Desarrollo. El Instituto de Innovación y Propósito Público de la UCL (IIPP), por ejemplo, ha estado abogando por un enfoque basado en desafíos para la innovación y la política industrial. «La política de innovación y la estrategia industrial ofrecen oportunidades para que los países de todo el mundo estructuren inversiones e intervenciones estratégicas para respaldar el crecimiento económico impulsado por la innovación en la recuperación de la crisis económica desencadenada por la pandemia de COVID-19. Como parte de esta recuperación, los gobiernos deben centrarse tanto en el ritmo como en la dirección de la innovación para garantizar que nuestra recuperación económica vaya en una dirección sostenible y equitativa».
Y sostienen que la innovación es un motor clave del crecimiento económico a largo plazo y es el resultado de la creación de valor colectivo por parte de empresas, gobiernos y, cada vez más, instituciones sin fines de lucro. La inversión en investigación y desarrollo (I + D) es un insumo clave para la innovación, tanto de las empresas como del gobierno, y aumentar la inversión general en los países es crucial para impulsar el crecimiento impulsado por la innovación.
Sin embargo, la estructura de esa inversión es tan importante como la cantidad, afirman. «En muchos países donde la inversión empresarial en I + D está rezagada, es fundamental considerar cómo la inversión pública estratégica puede atraer la inversión privada. Esto significa, en algunos casos, depender menos de incentivos indirectos y más de inversiones directas orientadas a la misión que aumentan las expectativas comerciales de oportunidades de crecimiento futuro. En este contexto, también es fundamental preguntarse qué tipos de organizaciones orientadas a la misión están presentes».
El IIPP cita entre sus recomendaciones la aplicación de modelos validados y exitosos de otros tiempos y otros contextos. Sentencia, por ejemplo que las características del modelo de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA) en los EE. UU. se pueden utilizar para transformar también las inversiones públicas existentes, como las de los bancos públicos. Además, si bien la mayoría de los países invierten en I + D en instituciones de educación superior, también es crucial preguntarse cómo se puede interconectar y apoyar todo el sistema de innovación, incluida, por ejemplo, la existencia de laboratorios públicos
A nivel internacional, ha habido un retorno de la estrategia industrial y la política de innovación, y un enfoque integral en cómo se puede lograr el crecimiento económico a través de la innovación. Esto es aún más importante ahora que los países intentan estimular la recuperación económica.
¿Es este el mejor modelo de recuperación? ¿Podría vincularse estrechamente con la transición ecológica? ¿España se adecua a este tipo de implementaciones? ¿Nuestras administraciones públicas están diseñadas para este tipo de procesos o requiere algunos ajustes?
