Se viene una propuesta de cambios serios en las universidades.

El borrador del estatuto docente, que debe aprobarse en el Parlamento, reorganiza las vías de acceso y progresión profesional en los centros públicos de enseñanza superior

Por ELISA SILIÓ|J. A. AUNIÓN

El Ministerio de Universidades planea dar un gran vuelco en la organización de los campus públicos. Los aspirantes a un puesto fijo de profesor tendrán una vía alternativa a la de funcionario, la del contrato laboral indefinido, si sale adelante la propuesta plasmada en un borrador de Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) redactada por el ministerio y a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El proyecto, que requiere la reforma de la ley de Universidades, crea las figuras de profesor titular y catedrático contratado con las mismas condiciones y requisitos de entrada que sus homólogos funcionarios, consolidando y fortaleciendo una doble vía de acceso laboral a la Universidad sobre la que se lleva largo tiempo discutiendo. Ya la propuso, sin éxito, hace algo más de un lustro el comité de expertos del ministro de Educación del PP José Ignacio Wert, y los campus públicos de Cataluña y el País Vasco llevan años experimentando con esta vía de acceso no funcionarial.

El proyecto contempla la eliminación de las categorías de profesor ayudante y de profesor ayudante doctor, y establece unos severos requisitos para ejercer como docente asociado, la figura creada para que los profesionales más destacados de distintos sectores económicos y sociales pudieran aportar su experiencia a las enseñanzas superiores, pero que se ha pervertido con la anterior crisis hasta convertirse en una puerta falsa de entrada precaria a la docencia universitaria. Actualmente, hay algo más de 5.000 ayudantes y profesores ayudantes doctor y más de 33.000 asociados trabajando en los campus, para los que el proyecto prevé un periodo de adaptación a la nueva norma. Por otra parte, se crea una nueva figura de profesor doctor, con contrato temporal y dedicación completa, que se asemejaría más bien en sus condiciones a las de los actuales ayudantes doctores, obligaría sin embargo a las universidades a convocar plazas para estabilizar su situación después de cinco años. Estos cambios no afectarían, en todo caso, a la situación de los 11.000 contratados doctores ya asalariados, que gozan de un puesto indefinido en la Universidad.

La propuesta permite seguir contratando como profesores, aunque “de forma transitoria y limitada en el tiempo”, a titulados superiores que todavía no hayan conseguido el doctorado. Así, los campus públicos solo podrán ofertar este tipo de plazas durante los próximos tres años y los contratos podrán durar un máximo seis años. “La contratación de profesoras y profesores contratados/as no doctores/as tendrá carácter excepcional y se limitará a casos en que no existan en los procesos selectivos personas candidatas que estén en posesión del título de doctor”, aclara el texto del proyecto.

El borrador no especifica si serán las universidades, las autonomías o el Estado quien decida cómo se distribuyen entre las dos vías de carrera profesional las ofertas de plazas. “Se duplican las figuras, dejando que sean las comunidades y cada Universidad la que decida si saca plaza de funcionarios o de laborales”, se lamenta Ramón Caballero Klink, secretario de Universidades de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). “Nos ha sorprendido porque no tiene mucho que ver con el documento anterior del ministro Pedro Duque. El proceso de laboralización es un ataque a los funcionarios, crea una carrera paralela laboral incluso en categorías hasta ahora funcionariales: profesor titular y catedrático de universidad”. El sindicalista cree que no favorece a los contratados: “No es lo mismo ser indefinido que funcionario. Tienen menos seguridad jurídica y administrativa y económica”.

Los rectorados se encuentran con el muro de los sindicatos cuando tratan de hacer un gran fichaje sin atender a las tablas salariales fijadas y buscando vericuetos para pagarles. Un rector, que prefiere mantener el anonimato mientras no madure el proyecto, acoge con más optimismo que la CSIF el borrador: “Yo veo bien, razonable, que creen las nuevas figuras. Racionaliza lo que ya se hace, pero cada uno a su manera tirando por donde puede”. Aunque encuentra peros: “No entra en los sueldos, en pagar de manera distinta… Y no sé cómo van a terminar con el problema de los profesores asociados”.

Verdaderos asociados

Los profesores asociados van a tener que demostrar que tienen un trabajo principal fuera de la universidad e impartirán un máximo de 60 horas de clase cada curso, cuando ahora en muchos casos superaban las 100 con “un salario frecuentemente por debajo del salario mínimo”, se reconoce en el texto. Isabel de la Cruz, profesora asociada de Sociología en la Universidad de Valencia desde hace más de 20 años, no oculta su frustración con el borrador del ministerio: “Llevamos años, años y años ―todo el mundo lo sabe― trabajando en unas condiciones de precariedad absoluta, llevando adelante una cantidad de docencia brutal… Y, sinceramente, esperábamos que nos estabilizaran. ¿Van a terminar con la precariedad acabando con los precarios? Terminan con el rollo alegal o ilegal pero ¿cómo se nos va a posibilitar el ingreso en la universidad? O es simplemente un “gracias por los servicios prestados y adiós. Ha estado muy bien, han sido ustedes muy baratos y ahora estabilícense como puedan”.

La sorpresa de De la Cruz ha sido mayúscula por la contundencia con la que el ministro Castells se ha manifestado públicamente en el Congreso y el Senado contra la situación de los asociados. El político ha llegado a decir que cobran “sueldos de miseria” y que es “un escándalo, un despilfarro de recursos y un mecanismo de frustración”. Hay 33.954 profesores bajo esta etiqueta, según los últimos datos del ministerio, lo que representa el 34,1% de los profesores de las universidades públicas.

El coto a estos asociados crea un hueco enorme en los horarios de docencia de los departamentos. A la hora de acreditarse para optar a ser funcionarios (un proceso burocrático que centraliza la agencia estatal de calidad Aneca) su experiencia docente, si se aprueba el estatuto, va a valer tanto como la investigadora. La asociada Isabel de la Cruz y CSIF aplauden este punto. “El valor de la docencia hay que reconocerlo, porque si tú no formas luego no tienes investigadores. Nosotros investigamos, pero como ni tenemos contratos de tres años no podemos ser jefes de la investigación”, explica la profesora precaria.

El secretario del CSIF aguardaba “con impaciencia” las pasarelas de las que hablaba el ministro Castells para los asociados y se ha llevado una decepción. “Pueden permanecer durante tres años dando clase ―que es lo normal en las medidas transitorias―, pero ¿cómo favoreces el paso de asociados a las nuevas figuras? Vuelve a inhibirse y lo deja en manos de las comunidades que podrán hacer procesos selectivos”. El escenario, si no fuese por la crisis económica que arrecia, sería propicio para que los falsos asociados diesen el salto a un puesto fijo. La Universidad está tan envejecida que de 2016 a 2023 va a perder el 16,76% de su plantilla: unos 5.400 catedráticos, 6.300 profesores titulares y otros 4.500 no funcionarios. Cada año quedan vacantes 1.500 plazas y no va a quedar otra que convocar plazas. El temor es volver a crear otro cuello de botella de miles de investigadores aguardando una oportunidad de tener trabajo fijo.

Internacionalización

Las tasas de profesorado extranjero en España –2,2% del conjunto de las universidades públicas– son bajísimas si se comparan, por ejemplo, con Reino Unido que multiplica por 10 esa cifra. Y eso ha tenido como consecuencia “una reducida movilidad de su PDI [personal docente e investigador], en detrimento de la necesaria apertura de la Universidad al amplio intercambio de ideas”, se razona en el documento. La internacionalización es clave para atraer alumnos extranjeros y aumentar el prestigio de los campus. Por eso, si se aprueba el estatuto, para lograr una plaza de titular el candidato habrá tenido que investigar en la Universidadal menos nueve meses. Sin embargo, este requisito no se le pediría a los catedráticos. Hace un lustro la mitad de 5.000 profesores encuestados no habían estado en el extranjero más de tres meses.

El borrador de estatuto crea también la figura de profesor extraordinario para poder traer profesionales de fuera sin cortapisas burocráticas con un contrato de hasta de cinco años. “La mayoría del talento de los 30 a los 45 años está fuera de España, si pones el cauce para que vuelvan pero no el dinero no hay nada que hacer”, advierte el rector. En 2017, según datos de la agencia gubernamental de evaluación ANECA, solo 20 docentes de universidades de la UE se certificaron para ejercer en España por la vía específica prevista para ello. El 40% de los extranjeros se concentran en Cataluña —la Pompeu Fabra tiene un 15,3% de docentes foráneos—, donde se sitúan los campus que lideran los rankings españoles. En esta comunidad hacen un llamamiento internacional para cubrir los puestos, el tribunal es de medio mundo y la Universidadse compromete a no sacar la plaza antes de que todos los interesados hayan podido optar a acreditarse.

Endogamia y transparencia

El 73% de los profesores imparte clase en la Universidaden la que se doctoró. Además, el tribunal de una plaza es elegido por el departamento. Endogamia pura. “Uno de los profesores [son tres] podrá ser propuesto por la Universidady los otros dos serán por sorteo estatal sobre el conjunto del profesorado”, se afirma en el borrador de estatuto. El problema de base es que una parte grande de las vacantes se ofertan hechas a medida del candidato del departamento, coloquialmente son “plazas con bicho”.

Universidades quiere que haya un registro único de todas las plazas docentes que se oferten y así se recoge en el documento, pero ya hace año y medio trascendió que organizaba una bolsa de empleo y poco se ha movido. Hoy las vacantes aparecen publicadas en el BOE pero ningún organismo centraliza todas las convocatorias. La Ley Orgánica de reforma Universitaria (RLU, 1983) ya obligaba a informar de las plazas al Consejo de Universidades, y de nuevo la LOU conminó a ello. Pero las universidades hacen oídos sordos.

Los sindicatos se quejaron hace dos semanas de que no se contase con ellos para redactar el texto en un comunicado conjunto y también lo ha hecho la Federación de Jóvenes Investigadores, que acordó con el ministro Pedro Duque el estatuto del personal investigador en formación, el EPIF: “Se ha hecho totalmente a espaldas del personal investigador, sin buscar el diálogo y sin evaluar propuestas conjuntamente”.

Fuente El País

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