La Ley del Clima europea desata un seísmo legislativo que obliga a endurecer más de 50 normas sobre transporte y energía

El fin de los motores de combustión, la reforma del sistema de comercio de emisiones y el impulso a las renovables entre los objetivos de las instituciones europeas 

La Unión Europea no quiere ceder el liderazgo en la lucha contra el cambio climático ahora que EE UU ha regresado a esta batalla de la mano de Joe Biden. La Comisión Europea ha convertido esta lucha en una bandera identitaria y tras el reciente acuerdo alcanzado por las instituciones comunitarias sobre la ley europea del clima se tendrán que revisar y endurecer 54 normas comunitarias, con tremendas repercusiones para sectores como el del transporte, la energía, la construcción y el comercio internacional. “Cada tramitación va ser una batalla”, avisa el eurodiputado Pascal Canfin, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, que será la encargada de revisar todos estos proyectos legislativos.

Este eurodiputado francés del grupo liberal señala que la enorme tarea legislativa en ciernes “da idea de la magnitud del cambio que se va a vivir”. Y aunque reconoce que las negociaciones serán “duras, difíciles”, se muestra convencido de que “a finales de 2022 todas las normas estarán aprobadas o en fase de negociación”.

Los cambios abarcarán desde una profunda transformación de la movilidad, que podría suponer el fin de las ventas de los vehículos de gasolina y diésel en solo 15 años, a una orientación de los subsidios agrícolas hacia las producciones más ecológicas, o la renovación del parque inmobiliario para mejorar la eficiencia energética de hogares, oficinas, locales comerciales y fábricas. También implicará la puesta en marcha de instrumentos fiscales como una tasa climática para las importaciones.

El acuerdo alcanzado hace dos semanas entre las tres instituciones europeas —Parlamento, Comisión y los Gobiernos de los Veintisiete— para aprobar la futura Ley del Clima supondrá blindar los nuevos objetivos de reducción de emisiones a los que se ha comprometido la UE ante la ONU. Todos los firmantes del Acuerdo de París, el pacto climático internacional, tienen la obligación de presentar planes de recorte de sus emisiones. En 2014, Europa ya se comprometió a reducir en 2030 un 40% sus gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990. Sin embargo, la UE ha revisado al alza sus objetivos y ahora se compromete a rebajar sus emisiones netas en un 55%. Europa ya contaba con una arquitectura legislativa para cumplir su meta anterior, que ahora se deberá endurecer para cumplir el nuevo compromiso y tendrá que incorporar nuevos instrumentos. Estas son algunas de las 54 normas más importantes que deberán cambiar según un estudio elaborado por el equipo del eurodiputado Canfin:

Comercio de emisiones. Europa fue pionera en 2005 cuando puso en marcha un sistema de comercio de derechos de emisiones, conocido por sus siglas en inglés ETS. Este mercado, que cubre alrededor del 40% de las emisiones de efecto invernadero de toda la UE, obliga a alrededor de 11.000 fábricas y centrales a pagar por los gases que emiten a la atmósfera. El sistema no fue realmente eficiente hasta hace un par de años, cuando se reformó y el precio de la tonelada de dióxido de carbono empezó a crecer y ayudó a impulsar el cierre de centrales de carbón. “Vamos a un mercado con un precio de entre 50 y 60 euros [por tonelada de CO₂]”, explica Canfin sobre un sistema en el que ya se han superado los 40 euros por tonelada.

La Comisión Europea prepara una nueva reforma de este mercado para acelerar la expulsión de los combustibles fósiles de todo el sistema energético, no solo del sector eléctrico. Está previsto que Bruselas presente los cambios en junio y, entre otras novedades, se espera que el transporte marítimo también esté obligado a entrar en el mercado ETS. Además, se prevén cambios para que las aerolíneas paguen más por el dióxido de carbono que emiten.

Transporte. Mientras que la penetración de las renovables en el sector eléctrico tiene ya un largo recorrido, la electrificación del transporte europeo no parece haber empezado a despegar hasta ahora. “Estamos al principio de una transformación radical de nuestra movilidad”, opina Canfin. La Comisión debería presentar en junio una revisión de los estándares de emisiones de dióxido de carbono para coches y furgonetas que tiene que alinearse con los nuevos objetivos incluidos en la Ley del Clima. “La electrificación se está acelerando y por eso defiendo que se fije un plazo para eliminar los vehículos de combustión en 2035″, sostiene Canfin. Muchos países y fabricantes ya están apuntando a esa fecha e incluso a unos años antes para el fin de los coches nuevos de diésel y gasolina. También está prevista, pero para 2022, la revisión de los mismos estándares de emisión de los vehículos pesados, donde la electrificación es todavía algo más complicada y se piensan en otras fórmulas como el hidrógeno.

También el próximo mes está prevista una revisión de la legislación europea para determinar objetivos más ambiciosos para las infraestructuras de combustibles alternativos, “como los puntos de recarga de los coches eléctricos o las estaciones de reabastecimiento de hidrógeno”, apunta el estudio.

Aranceles. En muchos casos los movimientos europeos para endurecer sus estándares de emisiones para la automoción y para su industria en general no han ido acompañados en otros países de medidas equiparables. Y entre las empresas y responsables comunitarios existe el temor a la denominada fuga de carbono: que las tasas climáticas puedan llevar a una deslocalización de algunas industrias. La Comisión tiene previsto presentar el mes que viene su propuesta de “mecanismo de ajuste de carbono en frontera”, lo que supondría la aplicación de una tasa a las importaciones más intensivas en carbono. “Esto protegerá a las industrias europeas del posible dumping climático de sus competidores”, apunta el estudio sobre las directivas comunitarias que se tendrán que modificar en los próximos meses.

Esta propuesta ya ha levantado las suspicacias de EE UU y China. Pero Bruselas quiere seguir adelante con esta medida y sostiene que será compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio. Hace algo más de una década ya se vivió un enfrentamiento similar cuando la UE intentó que todos los vuelos internacionales pagaran una tasa por sus emisiones, un proyecto que Bruselas finalmente tuvo que aparcar.

Más renovables. Cuando Europa puso sobre la mesa en 2014 su objetivo de recortar en 2030 un 40% sus emisiones de efecto invernadero estableció metas también sectoriales; por ejemplo, se comprometió a llegar a que para esa misma fecha el 32% de todo el consumo final de energía de la UE fuera de origen renovable (ahora ronda el 20%). En junio, la Comisión revisará al alza ese objetivo, lo que a su vez hará que los Veintisiete también tengan que ajustar sus planes de implantación de renovables. También se espera que Bruselas pueda poner sobre la mesa objetivos más duros respecto a eficiencia.

Por: Bernardo de Miguel, Manuel Planelles, El PAÍS