La cohesión mal concebida de Europa

HANDOUT - 16 October 2020, Belgium, Brussels: Hungary's Viktor Orban arrives to attend a round table meeting on the second day of a two days European Council summit, focusing on post-Brexit trade deal negotiations. Photo: Zucchi-Enzo/European Council/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full (Foto de ARCHIVO) 16/10/2020 ONLY FOR USE IN SPAIN

Después de un acuerdo para convencer a Hungría y Polonia de que abandonen su amenaza de veto contra el presupuesto y el fondo de recuperación de la Unión Europea, la UE nunca más podrá decir que no negocia con extorsionistas. Lejos de representar un gran avance, el acuerdo de hecho ha comprometido los principios definitorios del bloque y la viabilidad a largo plazo.

BUDAPEST – Algunos detalles del acuerdo presupuestario de medianoche preparado entre la canciller alemana Angela Merkel (en nombre de la Unión Europea) y los gobiernos de Hungría y Polonia permanecen ocultos. No obstante, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, está celebrando una victoria, mientras que los partidos de oposición aplauden la nueva voluntad de la UE de condicionar su financiación al respeto de los países miembros por el estado de derecho.

Pero mientras los críticos de Orbán ven el criterio del estado de derecho promulgado como una medida apropiada contra la autocracia patronal que ha establecido en Hungría, el hecho es que la disposición no habría cumplido con lo que se necesita.

Como tantas de las sanciones existentes de la UE relacionadas con el mal uso de fondos estatales, el nuevo mecanismo castiga a la víctima, no al perpetrador, al amenazar el dinero de los contribuyentes y el gasto público, en lugar de apuntar a las prácticas corruptas y la riqueza personal de Orbán y sus compinches . En lugar de abordar la cuestión de la responsabilidad personal, trata al país como un actor colectivo. Incluso si algunos fondos para la corrupción de Orbán disminuyen, aquellos en la cima que se han beneficiado de esquemas corruptos conservarán las oportunidades para seguir haciéndolo.

La idea detrás de tal condicionalidad es que suspender o retirar los fondos incitará la insatisfacción pública con el gobierno, lo que lo llevará a enmendar sus caminos. La UE aparentemente ve esta forma de disciplina como parte de la curva de aprendizaje democrático, como si aquellos que están aprendiendo (gobiernos de los estados miembros) estuvieran realmente interesados ​​en aprobar la prueba.

Pero Orbán no tiene ese interés. Su Hungría es un estado mafioso ; todo el gobierno funciona como una organización criminal. Como era de esperar, el régimen ha aprovechado el tema del «estado de derecho» para su propia propaganda nacional, diciendo que Hungría está luchando por la «libertad nacional» y que el país es víctima del imperio de la UE. Al mismo tiempo, Orbán puede simplemente proteger a los miembros de su red patrón-cliente de sanciones penales, garantizando así la estabilidad de su régimen. Esta impunidad general permanecerá hasta que se aborde la cuestión de la responsabilidad personal.

La UE se construyó sobre una visión de homogeneidad de régimen: se supone que todos los estados miembros dentro de la “comunidad de valores” operan como verdaderas democracias liberales. Pero el bloque se ha vuelto heterogéneo, con algunos miembros violando los principios democráticos liberales. Por tanto, esta lamentable realidad ha reavivado el viejo debate sobre si la UE debería perseguir una expansión más amplia o una integración más profunda.

Más de 15 años después de que se unieran los países excomunistas de Europa Central y Oriental, está claro que «ampliar» sin «profundizar» fue un error. Para que la UE sobreviva, no puede ampliarse más (en los Balcanes) sin antes reformar sus procedimientos internos para garantizar su funcionamiento eficaz y la adhesión de los países a la democracia liberal.

Visto en este contexto, el decepcionante acuerdo que Alemania alcanzó con Polonia y Hungría es más dañino moral que procesalmente. Hasta hace poco, la condicionalidad del estado de derecho se consideraba un criterio real que carecía de un mecanismo de aplicación eficaz. Pero ahora, la UE ha introducido un tosco mecanismo de aplicación de una manera que reconoce oficialmente, y da un gesto implícito de aprobación a la corrupción existente. La UE nunca más podrá decir que no negocia con extorsionistas. Nadie espera que la UE derroque al gobierno de un estado miembro. Pero, como mínimo, la UE no debería financiar ni apoyar a los autócratas dentro de sus filas.

Vale la pena señalar que justo antes de que el gobierno polaco abandonara su veto este mes, la compañía petrolera estatal de Polonia, Orlen, compró la cartera de medios polacos al grupo editorial alemán Verlagsgruppe Passau. Unos 20 periódicos diarios regionales (de 24 publicaciones de este tipo en Polonia), así como 120 publicaciones semanales y 500 sitios web estarán ahora bajo el control del partido gobernante populista de Polonia, Ley y Justicia (PiS).

Del mismo modo, el día en que Hungría retiró su veto, las autoridades de competencia húngaras aprobaron la creación de un «superbanco» integrado por tres bancos dentro de la red patronal de Orbán, declarando la medida como una fusión de «importancia estratégica nacional». El principal propietario de la nueva institución no será otro que el amigo de la infancia de Orbán, Lőrinc Mészáros, un ex instalador de gas que se ha convertido en el hombre más rico de Hungría, apoyado por esquemas corruptos relacionados principalmente con proyectos de contratación pública financiados por la UE.

Claramente, la única forma seria de abordar la corrupción en la UE es a través de la responsabilidad personal. Una opción sería introducir una sanción similar a la Ley Magnitsky de EE. UU., aplicada no solo fuera de la UE sino también dentro de ella. En lugar de suponer simplemente que las tendencias autocorregibles de la democracia resolverán una situación como la de Hungría, este enfoque supone lo contrario, apuntando directamente a los infractores. Y si se sospecha de un desvío corrupto de fondos de la UE, las empresas y personas involucradas deben ser excluidas de todos los futuros procedimientos de contratación financiados por la UE. Además, los receptores de fondos de la UE deben estar sujetos a la autoridad de los fiscales de la UE. Hasta que lo sean, la UE debería financiar directamente las organizaciones no gubernamentales dedicadas a defender el estado de derecho y perseguidas por los autócratas locales.

Otra medida necesaria es eliminar el derecho de los estados miembros descarriados a ejercer el veto nacional sobre la toma de decisiones de la UE. Los vetos son perjudiciales no solo para las grandes comunidades políticas: después del cambio de régimen en 1989, la ley húngara sostuvo que los copropietarios de condominios deben acordar por unanimidad cualquier cambio en las operaciones diarias. En 1997, esto fue enmendado para permitir cambios luego de una mayoría calificada; se mantuvo la democracia, pero uno o dos fervientes copropietarios ya no pudieron bloquear la toma de decisiones.

Como una especie de «condominio supranacional», la UE haría bien en buscar un cambio similar en su proceso de toma de decisiones. De lo contrario, debería reconciliarse con más amenazas a principios compartidos, más extorsión y más pérdida de legitimidad en los próximos años.

Fuente: Project Syndicate