El plan del Gobierno para impulsar la bicicleta: aprender a usar en la escuela y considerar retribución en el trabajo

El Ejecutivo lanza la Estrategia Estatal de la Bicicleta para redibujar la movilidad con menos coches y motos

El Gobierno va a aprobar este martes en Consejo de Ministros la primera Estrategia Estatal de la Bicicleta, que marcará las líneas maestras de las actuaciones en favor de este medio de transporte hasta 2025. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, perfila centenares de medidas que se coordinarán desde una nueva Oficina General de la Bicicleta. Entre las más interesantes se encuentran formar a los alumnos en el manejo de la bici y la educación vial, crear una red estatal de infraestructuras ciclistas interurbanas, obligar a que los nuevos edificios tengan aparcamientos de bicicletas y modificar la normativa fiscal para que las compañías puedan ofrecerlas como medio de transporte y se consideren renta en especie, algo ahora reservado a los coches de empresa.

El Ministerio de Transportes, que ha coordinado los trabajos, pretende que la estrategia se convierta en un punto de inflexión y sirva para aumentar el número de personas que se mueve en bici en detrimento de quienes se desplazan en coche o moto. Busca, además, cambiar la pirámide de la movilidad urbana, que siempre ha privilegiado al vehículo privado, para poner en primer lugar al viandante y la bicicleta, luego el transporte público y por último el coche. La anterior estrategia, elaborada por la Dirección General de Tráfico (DGT) en 2019, se quedó en un cajón y no llegó a ser aprobada. El departamento que dirige José Luis Ábalos cree que la bici produce valor para la sociedad en términos de movilidad, pero también de habitabilidad, salud, medio ambiente, equidad y sociabilidad. Y no solo para quienes la usan, sino para todos los ciudadanos, al liberar espacio y reducir la contaminación y el ruido.

Las 151 páginas del documento —divididas en 28 bloques de acción— incluyen medidas como formar al alumnado y al profesorado en movilidad segura y habilidades de manejo de la bicicleta, realizar actividades en bici en colegios e institutos, así como aulas ciclistas en los centros para promover la educación vial. Este tipo de actividades son obligatorias desde hace décadas en países como Holanda, Alemania y Dinamarca, y la intención es que en España también se generalicen. Además, la estrategia sugiere dar incentivos de compra de bicicletas para niñas y adolescentes para paliar la brecha de género: según el Barómetro de la Bicicleta de 2019 —último disponible—, el 30% de los hombres usan la bici al menos una vez a la semana, mientras que las mujeres tan solo lo hacen en un 15%. Las nuevas infraestructuras deberán tener perspectiva de género.

Los ministros publicitarán la bici

El Ejecutivo se compromete en el documento a lanzar campañas estatales que promocionen la movilidad activa (a pie y sobre dos ruedas); la primera de ellas se emitirá en los próximos días y contará con la participación de siete ministros. Además, pretende desarrollar una red estatal básica, continua y homogénea de infraestructuras ciclistas interurbanas. Otra de las propuestas es modificar el código técnico de edificación para que los nuevos edificios de viviendas tengan que incluir aparcamientos para bicicletas, así como las estaciones de transporte público. También intentará desarrollar la ciclologística, es decir, el reparto de mercancías en bicicleta, una opción mucho más sostenible que las furgonetas.

La estrategia propone estudiar una modificación de la normativa fiscal para incluir la movilidad en bicicleta para desplazarse al trabajo como una renta en especie, algo que en la actualidad solo puede hacerse con el coche (cuando la empresa facilita un vehículo de renting al trabajador como parte de su salario). Además, se incentivarán los planes de movilidad ciclista en los centros de trabajo. En cuanto a la seguridad vial, el Ejecutivo analizará si implantar nuevas sanciones por infracciones de riesgo contra los ciclistas y publicará un informe periódico sobre siniestralidad ciclista en cada municipio para reducir los accidentes. También creará una marca nacional de cicloturismo en España para hacer despegar el sector.

Todas estas medidas se impulsarán desde una nueva Oficina General de la Bicicleta, encargada de coordinar a los diferentes ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos y dirigida por Antonio Pérez Peña, funcionario de 40 años, 14 de los cuales ha trabajado en el Ministerio de Transportes. “Siempre voy en bici al ministerio, hay que dar ejemplo”, dice Pérez Peña, ciclista convencido. “Confiemos en que, con estas iniciativas, consigamos que la bicicleta vaya teniendo más usuarios tanto en movilidad cotidiana como en el cicloturismo y en los demás ámbitos”, continúa. Por ahora, la oficina cuenta con un presupuesto de cinco millones de euros, pero para poner en marcha esas propuestas necesitará muchas más inversiones, algo que el ministerio todavía no desvela. Lo que sí ha arrancado es la labor con otros departamentos. “Está habiendo mucha coordinación con los ministerios, estamos encantados”, señala el funcionario.

Falta de inversiones

La falta de inversiones comprometidas es una de las quejas que ponen las organizaciones ciclistas que han participado en la elaboración del documento. Alfonso Triviño, portavoz de la Mesa de la Bicicleta, que aglutina al sector, dice: “Es alucinante que la estrategia no tenga todavía memoria económica. Pensábamos que la Administración iba a poner dinero sobre la mesa y por ahora no lo ha anunciado”. El plan andaluz de la bicicleta de 2013, por ejemplo, contaba con un presupuesto de 400 millones de euros por lo que, si la iniciativa quiere tener éxito en el conjunto del país, necesitará una cantidad mucho mayor. La estrategia recoge la creación de un repositorio de ayudas, contrataciones públicas y otras herramientas de financiación para impulsar la bici, pero sin especificarlas. El Ejecutivo explica que muchos de los proyectos del plan de recuperación incluirán iniciativas para este medio de transporte, pero por ahora no las ha concretado. El Gobierno también destaca que el programa de Desarrollo Urbano Sostenible ha dotado con 120 millones actuaciones municipales que incluyen el impulso a la bici.

El sector, en cualquier caso, ve la estrategia como un paso muy positivo. Laura Vergara, portavoz de la coordinadora Con Bici —que congrega a la mayoría de asociaciones ciclistas—, destaca varios aspectos: “El sistema de gobernanza es interesante, puede coordinar al Estado, autonomías y ayuntamientos, y además propone una comisión mixta de Congreso y Senado. Llevamos un retraso legislativo muy grande y esto puede ayudar a paliarlo. Además, se creará un indicador de impacto para evaluar lo que se ponga en marcha”.

Jesús Freire, secretario general de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), considera que es “un gran avance”: “Nos pone al nivel de otros países, que tienen una estrategia desde hace décadas. Es un acuerdo programático que nos va a permitir tener un marco de trabajo para el futuro de cara a desarrollar políticas de fomento de la bici transversales, dado que es un vehículo que afecta a muchas áreas, como la educación, el transporte, la movilidad, las infraestructuras, la salud —moverse en bici es un ahorro económico para la sanidad pública—, la creación de empleo, porque la industria vive un momento dulce…”. De hecho, en 2020 se vendieron el doble de bicicletas que de coches, según un reciente informe de AMBE. Está por ver si con la nueva estrategia este vehículo despega definitivamente en España.


Por: Miguel Ángel Medina, El PAÍS