¿Cuáles son los desafíos para el Green New Deal europeo?

Se viene un periodo de mucho trabajo para lograr el financiamiento apropiado del Green New Deal europeo. Es, para muchos analistas, el plan de inversiones que supone la mayor movilización de recursos nunca antes planeada en el marco de la Unión Europea. ¿Cuáles son los desafíos para este nuevo Green New Deal europeo? Martín Luque nos brinda un interesante análisis al respecto

El Green New Deal se basa en una movilización masiva de recursos para realizar inversiones que supongan un impacto significativo en las políticas ambientales y climáticas.

La Comisión ha presentado su plan de trabajo para el año 2020, que supone el primer paso concreto ofrecido por la Comisión Von der Leyen sobre las prioridades políticas que expresó tras su nombramiento a finales del pasado año, señalando actuaciones dirigidas a las seis prioridades políticas: el Green Deal Europeo, afrontar la digitalización, una economía que trabaje para la gente, reforzar el estilo de vida europeo, mejorar la proyección internacional y consolidar la democracia en Europa. Es el primer plan de trabajo tras la salida del Reino Unido, y debe consolidar el cambio de dirección política dado a las orientaciones de la Unión Europea.

De los seis objetivos, los tres primeros tienen un fuerte componente económico: la Comisión reafirma que el Green Deal supone la nueva estrategia de crecimiento de la Unión Europea, y se reitera en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello, entre otras medidas, como la puesta en marcha de la Ley Europea de Cambio Climático, la profundización en la estrategia de economía circular a través de un nuevo plan de acción, y el anuncio del Plan de Inversiones del Green Deal, dirigido a movilizar hasta un billón de euros hasta 2030 en inversiones dirigidas a favorecer la transición ecológica. La Comisión pretende disponer de hasta 500 mil millones de euros del presupuesto europeo y utilizar el mecanismo generado en el marco del plan Junker para movilizar recursos privados y públicos adicionales, con la garantía del presupuesto comunitario. El plan, que va más allá del marco presupuestario que se está negociando de cara al período 2021-2027, supone la mayor movilización de recursos nunca planeada en el marco de la Unión Europea.

De ser así, la Unión Europea dispondrá de un importantísimo instrumento financiero para promover la transformación sostenible de la economía europea. Teniendo en cuenta que las necesidades analizadas para la transformación verde de la economía mundial se sitúan alrededor de 80 billones de dólares, la cifra prevista por el mecanismo de inversiones supone alrededor del 20% del total que la Unión Europea debería movilizar para cumplir los objetivos climáticos -unos 5 billones de euros por década hasta 2050. No es una cuantía menor, teniendo en cuenta que el presupuesto de la Unión Europea supone alrededor del 1% del PIB de los países que la conforman.

Teniendo en cuenta que la aprobación del presupuesto de la Unión Europea para el período 2021-2027 está todavía por terminar de negociarse, lo cierto es que las cifras puestas por la Comisión encima de la mesa son considerables, aunque el reto será ver cómo estos fondos se ejecutan adecuadamente. El éxito del Plan Juncker, que ha movilizado 458 mil millones de euros a través del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, ha animado a mantener el mecanismo como un instrumento financiero adecuado para facilitar las inversiones en infraestructuras y empresas. Pero el uso de los Fondos Estructurales durante el período 2014-2020 no ha sido tan exitoso: a finales de 2019, sólo el 30% del dinero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional había sido ejecutado. No significa esto que el dinero se pierda a finales de 2020, ya que el sistema prevé un mecanismo denominado n+3, que permite ejecutar los fondos hasta el año 2023. Pero el retraso en la ejecución ya señala las dificultades existentes en la planificación, implementación y uso de estos instrumentos financieros.

Las dificultades son conocidas: a la falta de capacidades de planificación y gestión se une la necesidad de cofinanciación nacional que no siempre está disponible, ralentizando la implementación adecuada de los fondos, y primando las operaciones con gran capacidad de absorción, como infraestructuras, frente a proyectos con mayor impacto potencial pero más complejidad de ejecución, como la financiación de la I+D, la compra pública innovadora, la financiación para startups, o las alianzas público-privadas. Adicionalmente, una parte importante de los fondos se destina a proyectos poco innovadores y que generan poco valor añadido.

Conscientes de estos problemas, la Comisión y la OCDE han publicado un informe sobre la necesidad de mejorar la gobernanza de estos instrumentos, señalando como prioridad el incremento de capacidades de las autoridades de gestión, la mejora de las capacidades de planificación estratégica de los fondos, y la mejora de las condiciones del marco legal. Estas recomendaciones no son nuevas, y abundan en lo que ya se había planteado desde otros centros de análisis. Ante esta dificultad de gestión, la tentación permanente es la centralización de los fondos para agilizar su desempeño, situación que sería un grave error en materia de apropiación y co-protagonismo de las regiones y ciudades europeas en la gestión de uno de los principales instrumentos de la Unión Europea. Pero si no se mejoran las condiciones para una mejor administración estratégica de los fondos, a través de las capacidades necesarias para rentabilizar al máximo estos instrumentos, el impacto real que tendrán en la vida de los ciudadanos europeos y en el ambicioso objetivo de la transformación ecológica de la economía será menor del esperado. Estamos a tiempo de aprovechar esta ventana de oportunidad

Artículo tomado de El Plural

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