Consejo de Ministros aprueba proyecto de Ley de Cambio Climático

Se le da luz verde al primer proyecto de ley de cambio climático en España. Aun debe verlo el parlamento y evaluarse se se amplia o reduce la ambición propuesta en este documento.

El texto, calificado por algunas voces como «insuficiente», recibe el visto bueno del Consejo de Ministros e inicia la tramitación parlamentaria.

Por: Eduardo Robaina

El primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España es ya una realidad. El Consejo de Ministros y Ministras ha dado luz verde este martes 19 de mayo al texto definitivo, que será enviado a las Cortes para iniciar la tramitación parlamentaria. El objetivo, optimista teniendo en cuenta la situación actual provocada por la COVID-19, es tener aprobada la ley para finales de año.

Elecciones, una pandemia… Ha pasado un año y tres meses desde que se presentó el primer borrador, entonces sin presencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo. Desde entonces, el texto ha pasado por un proceso de participación pública y revisión, con aportaciones de diversas instituciones. Este hecho ha provocado que algunos puntos hayan cambiado, si bien los objetivos se han mantenido intactos.

Esta futura ley será la responsable de guiar a España hacia la descarbonización de la economía para 2050, y sienta las bases en materia de adaptación y transición justa. Para ello, el texto se apoya en distintos planes y estrategias, como el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030, cuyo borrador fue presentado a principios de mes; el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que fue remitido a la Comisión Europea en marzo; y la Estrategia a Largo Plazo 2050, cuya primera versión ultima el Gobierno.

Objetivos

Estos son las metas propuestas por el Gobierno para hacer frente al calentamiento global de la atmósfera:

  • Alcanzar la neutralidad climática en 2050. Esto no quiere decir que a mitad de siglo ya no se emitan más gases de efecto invernadero, sino que todo aquello que se emita será compensado para que el resultado sea cero emisiones.
    El borrador anterior, el de 2019, recogía que para 2050, «y en línea con la estrategia de descarbonización de la Unión Europea, las emisiones de gases de efecto invernadero deberán reducirse al menos un 90% con respecto a 1990». Ahora, el nuevo texto elimina esta referencia y habla únicamente de neutralidad climática, sin fijar ninguna cifra de reducción de emisiones. Ese dato será revelado próximamente en la Estrategia a Largo Plazo 2050.
  • Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española en, al menos, un 20% para 2030 con respecto a 1990, año de referencia habitual. En este sentido, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 concreta un poco más, y establece la reducción en un 23%.
  • Generar un mínimo del 70% de la electricidad con energías renovables para 2030. El PNIEC fija que debe ser del 74% hasta alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en 2050.
  • Para finales de década, al menos un 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. El PNIEC enviado a Bruselas establece un 42%, cifra que duplica el 20% del año 2020.
  • Mejorar en la eficiencia energética para reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35%. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece un 39,5% en la próxima década.

«Un primer paso», pero «insuficiente»

Estos objetivos recogidos en el proyecto suponen la ‘línea roja’ del Gobierno, por lo que no estarían dispuestos a rebajar más la ambición. No obstante, cabe la posibilidad de que durante la tramitación parlamentaria sus señorías sí rebajen los porcentajes con el fin de consensuar su aprobación. Eso sí, si la ley sale adelante, los objetivos pactados solo podrán ser revisados al alza. Es decir: se podrá aumentar la ambición, pero nunca disminuirla.

En este sentido, la vicepresidenta socialista Teresa Ribera apunta que «los grupos parlamentarios están en condiciones de poder enriquecer todavía el texto». Por su parte, Juantxo López de Uralde, diputado de Unidas Podemos y presidente de la comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, considera que «lo ideal sería que esta ley contara con el apoyo, por lo menos, del Partido Popular para garantizar su continuidad en caso de un cambio de gobierno».

Tanto Uralde como Ribera coinciden en que la ley es la herramienta perfecta en el contexto actual. «Con la desescalada se está hablando de que hay cosas que se tienen que hacer de otra manera», apunta el diputado de UP. En esa línea se manifiesta la ministra: si bien es consciente que es «un primer paso», «esta ley nos ofrece una fantástica oportunidad para facilitar un debate entre todos sobre la España que queremos», sostiene.

Para Ecologistas en Acción, el proyecto de ley es «un claro ejemplo de falta de ambición y de justicia climática», sentimiento compartido por Greenpeace y el movimiento Fridays For Future España. Además, Ecologistas considera «preocupante la ausencia de calendarios para el cierre de otros sectores incompatibles con la transición energética», mientras que Greenpeace reclama «la necesidad de que el texto incluya, además, la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y a otros sectores que perjudican el clima». Desde la Fundación Renovables, por su parte, denuncian que el texto continua sin recoger «el compromiso de desarrollar un cambio en la estructura de consumo en origen», «ni se plantean objetivos de penetración de autoconsumo».

Tras estas críticas, todas las organizaciones coinciden en que los grupos parlamentarios deben aumentar la ambición del texto durante el proceso de tramitación.

Tampoco termina de convencerle el texto a Florent Marcellesi, coportavoz del partido verde Equo. Lo califica de «muy insuficiente en comparación con el reto climático». Y establece un símil con la situación actual: «Al igual que hemos aprendido a alinearnos con la ciencia para enfrentarnos a la emergencia sanitaria, también es hora de alinearnos con la ciencia para enfrentarnos a la emergencia climática». Por ello, reclama mayor ambición en sectores como la aviación, el agroalimetario o el turismo, con el objetivo de alcanzar «al menos, una reducción del 55% de las emisiones de los gases de efecto invernadero para 2030 y neutralidad climática para 2040».


A parte de los objetivos de reducción de emisiones y de renovables, el proyecto de ley incluye muchas otras acciones. Estos son algunos de los puntos más destacados:

Renovables y eficiencia energética

El proyecto de ley prevé que el Gobierno desarrolle un nuevo marco retributivo para la generación renovable, que se otorgará mediante subastas. Asimismo, quiere «que los Presupuestos Generales del Estado destinen al fomento de energías renovables un importe equivalente a la suma de la estimación de la recaudación anual derivada de los tributos incluidos en la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética». En esta línea, además:

  • Impulso a la hibridación, es decir, que se incorporen distintas tecnologías de generación en una misma instalación. Por ejemplo, incorporando paneles solares en una planta eólica.
  • Los agentes claves para el funcionamiento del sistema energético –operador del mercado, operador del sistema, transportista y distribuidoras– elaborarán estrategias de descarbonización en sus respectivos ámbitos para una mejor planificación y anticipación. En esta línea, el Operador del sistema eléctrico, el Gestor Técnico del sistema gasista y la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) presentarán, cada dos años, un informe que evalúe los riesgos y oportunidades de la descarbonización.
  • En cuanto a eficiencia energética, se amplía hasta 2030 el Fondo de Eficiencia Energética tras movilizar 1.000 millones de euros en los últimos cinco años.
  • La Administración General del Estado no podrá prorrogar contratos de arrendamientos más allá de 2030 en inmuebles que no tengan consumo de energía casi nulo.

Movilidad

Para avanzar hacia la descarbonización y cumplir con lo pactado en el Acuerdo de París es necesaria la acción decidida sobre determiandos sectores. Un ejemplo es el transporte, principal fuente de gases de efecto invernadero en España. En 2018, generó un 27% del total.

Por ello, el proyecto de ley recoge lo siguiente:

  • Las distintas administraciones públicas, tanto estatales como autonómicas, deberán poner en marcha para 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2, principal gas de efecto invernadero. 
  • Es decir: con la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, los vehículos que se adquieran en España a partir de 2040 deberán ser 0 emisiones, por lo que no podrán circular vehículos nuevos que emitan gases de efecto invernadero. Para facilitar esto, la norma señala que, «previa consulta con el sector», se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, incluyendo apoyo a la I+D+i.
  • Una novedad respecto a la versión aprobada hace un año es la obligatoriedad –antes solamente se «instaba»– de que los municipios de más de 50.000 habitantes implanten zonas de bajas emisiones para 2023 como muy tarde. Además, «cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes» deberá contar, sí o sí, con el informe previo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del órgano autonómico competente. En este sentido, el proyecto de ley destaca que será indispensable ese informe antes que cualquier Ayuntamiento haga nada, pero no especifica si será vinculante si se emite una valoración positiva o negativa.
  • El texto también tiene en cuenta a las comunidades autónomas insulares, las cuales «podrán instar al Estado el establecimiento de medidas de promoción de movilidad limpia, consistentes en restricciones en su ámbito territorial de la circulación de turismos y furgonetas, de acuerdo con la normativa comunitaria».
  • Todas estas acciones dirigidas a quitar espacio a los vehículos de combustión deberán ir acompañada de «acciones para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo; y la mejora y fomento del uso de la red de transporte público». También, recoge el proyecto de ley, «se deberá impulsar la movilidad eléctrica compartida y el uso de medios de transporte eléctricos privados».
  • Sobre esto último, para potenciar los vehículos eléctricos, la ley programa la instalación progresiva de puntos en las estaciones de servicio con mayor volumen de venta, que representan en la actualidad el 10% de la red. Además, se articulará la instalación de sistemas de recarga en edificios de nueva construcción y en intervenciones en edificios existentes. De forma paralela, el Gobierno ultima el Plan Moves 2020 de ayudas para la compra de vehículos eléctricos, y que estará dotado con 65 millones de euros, un 40% más que la última edición.
  • En cuanto al transporte aéreoque no deja de aumentar sus emisiones cada año, el proyecto de ley no hace referencia alguna a impuestos o ecotasas como ya han hecho otros países como Francia o Alemania. Así, el texto únicamente recoge que se habilita al Gobierno a establecer «objetivos anuales de suministro de biocarburantes, con especial énfasis en los biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico». 
  • En el caso del transporte marítimo, otra gran fuente de gases de efecto invernadero, «se adoptarán medidas de modo que se logren las cero emisiones directas» en los puertos de competencia del Estado para 2050. Para ello, se promoverán medidas de impulso al transporte ferroviario con origen y destino en puertos, el desarrollo de Autopistas del mar y el estímulo al uso de energías alternativas en el transporte marítimo.

Combustibles fósiles

La quema de combustibles fósiles –carbón, petróleo y gas– es la principal actividad humana responsable del cambio climático. Por ello:

  • Nada más entrar en vigor la ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional. Tampoco se autorizará el ‘fracking’. En noviembre de 2019, la cartera que dirige Teresa Ribera dio luz verde a la exploración de gas en Armentia-2, en el término municipal de Vitoria, en busca de gas natural.
  • Los permisos de investigación y las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos ya vigentes «que se encuentren ubicados en el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental» no podrán prorrogarse bajo ningún concepto más allá del 31 de diciembre de 2042.
  • Se fomentará el uso de gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno.
  • Las ayudas y beneficios fiscales para productos energéticos de origen fósil «deberán estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas».
  • Se elaborará un estudio del estado de situación y una propuesta de calendario para que la Administración se desprenda de activos en empresas o entidades que incluyan la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil en su actividad.
  • Las instalaciones en activo deberán presentar cinco años antes de que expire su concesión un informe que refleje el potencial de reconversión de las instalaciones o de la ubicación para otros usos, incluida la energía geotérmica o la instalación de energías renovables.

Participación y debate

  • Creación del Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética, de carácter independiente. Se encargará de realizar recomendaciones y evaluar las políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas. Sus opiniones se plasmarán en un informe anual que se debatirá en el Congreso de los Diputados. Un ejemplo de este tipo de órgano consultivo es Reino Unido, que cuenta con su Committee on Climate Change desde 2008, cuando aprobaron su propia ley climática.
  • Todos los planes, programas, estrategias e instrumentos que se adopten en la lucha contra al cambio climático contarán con la participación de los agentes sociales y económicos.
  • A partir de 2022, las Comunidades Autónomas deberán informar en la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de todos sus planes de energía y clima en vigor.
  • El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones elaborarán conjuntamente, cada dos años, un informe sobre la evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático y de las políticas para combatirlo. Posteriormente, será remitido al Congreso de los Diputados.

Financiación

  • Un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado se destinará a contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética plasmados en la ley. La cantidad será equivalente a la que se acuerde en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, siendo revisada al alza por el Gobierno antes de 2025.
  • Otra fuente de financiación será mediante los ingresos generados por las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Hasta un 30% se podrá destinar a medidas con incidencia social, para paliar situaciones provocadas por la transición hacia una economía descarbonizada, o relacionadas con la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.

Adaptación al cambio climático

  • Este apartado se acometerá a través del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), actualmente en información pública.
  • Se implementará un sistema de indicadores para evaluar las políticas públicas y medidas que se adopten en los diferentes sectores.
  • El objetivo será integrar los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y gestión del agua y de la costa, en las infraestructuras del transporte, en la ordenación del territorio y de los usos del suelo y en la seguridad alimentaria.
  • Se incorporan medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad al cambio climático de los suelos agrícolas, de los montes y de los suelos forestales, entre ellas, la elaboración de un mapa de vulnerabilidad.

Transición justa

  • Cada cinco años, el Gobierno debe aprobar una Estrategia de Transición Justa con la participación de las Comunidades Autónomas y los agentes sociales. Entre otras cuestiones, incluirán un calendario para la adopción de las medidas, con objetivos medibles y mecanismos de seguimiento.

Educación

  • El sistema educativo español reforzará el conocimiento sobre el cambio climático.
  • Se revisará el tratamiento del cambio climático en el currículo básico de la educación formal y no formal, y se impulsará la formación del profesorado.
  • Se elaborará un Plan de formación para impulsar el empleo en los sectores que faciliten la transición a una economía baja en emisiones de carbono.  
  • El Gobierno promoverá que las universidades procedan a la revisión del tratamiento del cambio climático en los planes de estudios de aquellas carreras en los que resulte coherente, así como la formación del profesorado universitario en este ámbito.
  • Financiación de las prioridades en materia de investigación, desarrollo e innovación de cambio climático y transición energética

Artículo publicado en La Marea

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