Cataluña fuerza a propietarios a bajar el 50% de locales comerciales

Según confirmaron fuentes del Ejecutivo catalán, el decreto para la reducción de los alquileres priorizará que haya acuerdos entre inquilinos y propietarios, pero incluye la imposición de hasta el 50% si es imposible la vía negociada en el plazo de un mes.

Por: MAX JIMÉNEZ BOTÍAS

El Govern obligará a reducir a la mitad los alquileres de los locales comerciales cerrados forzosamente por la pandemia. La rebaja será del 50% en caso de que arrendatario y propietario no se pongan de acuerdo en otras modificaciones y podrá ser inferior en el caso de que el establecimiento registre restricciones parciales. El decreto que la Generalitat aprobó ayer en el Consell Executiu prevé que los inquilinos puedan pedir cambios «razonables» en las condiciones del contrato pero si no hay acuerdo a través de la negociación, la reducción del alquiler será obligatoria mientras dure la suspensión total de la actividad o la reducción proporcional para restricciones parciales.

Para dar cobertura legal a la reducción, el decreto prevé que en dos años el Govern incluya la cláusula rebus sic stanitibus en el ordenamiento jurídico. Según confirmaron fuentes del Ejecutivo catalán, el decreto para la reducción de los alquileres priorizará que haya acuerdos entre inquilinos y propietarios, pero incluye la imposición de hasta el 50% si es imposible la vía negociada en el plazo de un mes.

REDUCCIÓN DE HORARIOS
También contempla la reducción proporcional igual a la mitad de la pérdida de aprovechamiento del inmueble si hay reducciones de horarios u otras limitaciones. El objetivo de la medida aprobada es «evitar el cierre de empresas y la pérdida de empleos, así como eludir la judicialización de posibles desacuerdos en esta negociación», comentó Meritxell Budó, ‘consellera’ de Presidència y portavoz del Govern. La medida, no solo afectará a bares y restaurantes, sino también a teatros, gimnasios y centros de estética, que se ven obligados a cerrar o a limitar su aforo.

Contarán también como negocios cerrados -y tendrán acceso a la medida- los restaurantes, cafeterías y bares que funcionen haciendo entregas de comida para llevar o a domicilio, por lo que, ante la falta de acuerdo, la reducción de la cuota de sus alquileres será de la mitad.

«Ha habido petición del sector, y somos conscientes de las dificultades que arrastran con el covid-19 y había que acompañarlo», comentó Budó al respecto de las medidas que se han puesto en marcha solo para los responsables del negocio que debe permanecer cerrado por la pandemia, y no para los propietarios de los inmuebles comerciales, que también pueden necesitar esos ingresos. «No se descarta ayudar a los pequeños propietarios más adelante y se verá en los próximos días en el plan de choque en el que trabaja el Govern», añadió Budó. El Gremio de Restauración de Barcelona valoró la medida adoptada por la Generalitat como un «paso histórico y supone atender la demanda planteada por el sector al inicio de la pandemia; que arrendadores y arrendatarios (y no solo los arrendatarios) compartan las pérdidas que genera y continuará generando la crisis». La asociación de profesionales destaca asimismo que, según una encuesta de clima empresarial realizada a finales de julio, dos de cada tres restauradores arrendatarios no han conseguido una rebaja del alquiler cuando lo han solicitado.

OTRAS AYUDAS
A la reducción del 50% del alquiler, el Govern suma un paquete de ayudas de 40 millones de euros que ofrecerá a la restauración y los centros de belleza que han tenido que cerrar por las restricciones. Según cálculos del Ejecutivo, se podrá recibir hasta 1.500 euros por negocio para compensar los 15 días decretados de cierre y cubrir gastos como el alquiler o los suministros. El dinero se otorgará hasta el fin de la partida presupuestaria aprobada. También se ha aprobado un línea de financiación del Institut Català de Crèdit (ICF) para impulsar la reactivación de los negocios de la restauración y otros comercios tras el cierre. La línea de préstamo es de 20 millones y estará avalada por la sociedad pública Avalis. Cada sociedad podrá acceder a los 15.000 euros de préstamos.

El Consell Executiu, además, incrementó el presupuesto del 2020 con 420 millones de euros destinados a gastos extraordinarios que puedan tener todos los departamentos a causa de la pandemia. Esta partida es el resultados de lo criterios de flexibilización del déficit fijados por el Gobierno central. La dotación incluye 72 millones para diferentes gastos transversales; 26 millones para gastos relacionados con la vivienda; 20 millones para políticas de protección social; 13 millones para industria y 13 más para cultura.

Foment cuestiona el decreto ley

Foment del Treball pidió a la Generalitat que «se concentre» en la promoción de ayudas directas y la inyección de fondos económicos a los sectores de actividad afectados por las medidas extraordinarias aprobadas para contener la pandemia del covid-19, y no en la aprobación de normas y leyes que perjudican a empresarios, trabajadores y, ahora también, a los propietarios de locales de alquiler. La patronal catalana considera que la Generalitat «ha aprobado un decreto ley que interviene el mercado de alquiler ya que altera la mediación entre las partes», porque la nueva norma fija que el importe del alquiler de los negocios cerrados o limitados en su actividad quedará automáticamente rebajado al 50% desde el día en que el arrendatario notifique la voluntad de negociar. Foment considera que el decreto ley es de dudosa constitucionalidad y provoca inseguridad jurídica. La suspensión de la actividad en bares, restaurantes, gimnasios, centros de belleza, y la consecuente pérdida de ingresos no puede ser asumida ni por los propietarios de los locales, ni tampoco por los empresarios, sino que se debe repercutir a la Administración que ha ordenado el cierre de los negocios o ha limitado parcialmente su actividad. La ‘consellera’ de Presidència, Meritxell Budó, reconoció que esta medida implica un cambio legal en el Código Cívil y «existe el riesgo de que se recurran las leyes que se aprueban»

Fuente: El Periódico de Cataluña