Aseguradoras y ecologistas: Madrid Central ha muerto

El Ayuntamiento de la capital asegura que sigue en vigor e intenta acelerar el proceso para presentar un nuevo proyecto que sustituya al plan contra la contaminación de Manuela Carmena

Al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le ha explotado su propia bomba. Su oposición al proyecto de Madrid Central para restringir el tráfico implantado por su antecesora, Manuela Carmena, le llevó a inundar de recursos judiciales la iniciativa. Dos años después, y a pesar de los buenos resultados contra la contaminación del aire en el centro de la capital, el Tribunal Supremo le ha dado la razón por una cuestión de forma. Aunque Almeida manifestó el martes que Madrid Central seguiría en vigor, las aseguradoras consultadas y Ecologistas en Acción sostienen lo contrario: Madrid Central ha muerto.

El alcalde ahora necesita ganar tiempo. Se encuentra ante un agujero legal que ha provocado él mismo y esta especie de victoria en los tribunales no puede ser más agridulce para el regidor. A corto plazo tiene que lidiar con tres cuestiones importantes: con la posibilidad de que los vecinos se salten de forma inmediata las barreras invisibles de Madrid Central; con las multas pendientes de pago; y con reclamaciones de las que sí se han abonado.

Lo primero que hizo el martes Almeida fue echar balones fuera. Acababa de hacerse público que el Supremo había inadmitido el recurso de casación de Ecologistas en Acción a una sentencia de julio de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anulaba las medidas de Madrid Central por defectos formales. Y el Ayuntamiento lanzó una especie de advertencia: se considera que Madrid Central sigue en vigor hasta que la sentencia dictada por el Supremo sea firme. Sin embargo, ya lo es, aunque el gobierno municipal se agarre ahora al plazo máximo de dos meses para ejecutarla. Varias empresas consultadas por este periódico lo confirman. Incluso en el caso de que la propia Administración presentara un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, la sentencia del Supremo no se paraliza, lo que significa que las multas pendientes de cobro quedan anuladas, según Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que también recurrió Madrid Central.

Para la responsable jurídica de RACE, Ángeles Miguel, la sentencia del Supremo no solo deja inactivas las multas que se puedan poner a partir de ahora, sino todas las que se pusieron a partir del 27 de julio de 2020, cuando el TSJM emitió su fallo. “En aquel momento salió la sentencia y ahora se ratifica. Todas las sanciones a partir de entonces son nulas y las anteriores… son cuestionables”, asegura Miguel. Lo que queda claro, según ambas opiniones, es que Almeida ahora solo trata de ganar tiempo y que Madrid Central ya ha fracasado. Ahora, por tanto, el alcalde trata de evitar que el centro de Madrid se convierta en un agujero negro donde impere el caos.

Hasta el momento, el Ayuntamiento ha puesto 1.393.000 multas por infringir las normas de Madrid Central, según fuentes municipales, lo que en términos económicos significa 125 millones (o unos 62 por pronto pago). La próxima batalla judicial se centrará en qué pasa ahora con las multas. Según un portavoz del Ayuntamiento, las que están pagadas o tramitadas no se devolverán. Pero no todos piensan lo mismo.

Pedro Javaloyes, portavoz de la empresa DVuelta Asistencia Legal, una de las que presentaron un recurso contra Madrid Central, considera que la sentencia del Tribunal Supremo significa que absolutamente todas las sanciones se podrán recurrir a través de una revisión de oficio “porque se ha demostrado que la multa ha sido ilegal”. Arnaldo, por su parte, cree que la ley no es retroactiva, pero se saca un as de debajo de la manga. “Hay un procedimiento por el que puedes pedir la devolución de lo que has pagado como indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración, porque ha impuesto sanciones que se ha demostrado que eran ilegales”, argumenta el presidente de AEA.

Ecologistas en Acción, el gran perdedor ante los tribunales, se mostró el martes completamente desamparado y su servicio jurídico también entiende que a partir de este momento las sanciones que se impongan a los infractores no llegarán a buen puerto.

Otra de las incógnitas que el gobierno de la capital trata de desentrañar ahora es qué pueden y qué no pueden hacer en la almendra central hasta que lleven a cabo el nuevo plan bautizado como Madrid 360. Según fuentes municipales, tenían previsto sacar adelante la ordenanza municipal a partir de julio, por lo que se pueden encontrar con un margen indeterminado de tiempo en el que reine la ley de la selva, algo que tratan de evitar con un único plan: avisar a los ciudadanos de que las cámaras siguen en funcionamiento, aunque jurídicamente todas las multas puedan ser recurridas. También se plantea, si llega el momento, la posibilidad de peatonalizar zonas sueltas como se suele hacer en época navideña para reducir el tráfico. Mientras deciden cómo desenredar este embrollo, el equipo de Almeida se ha reunido ya con el resto de partidos políticos, a los que necesitará para pisar el acelerador. “Vamos a tener que acelerar los plazos para que no haya un vacío”, admitió el alcalde.

LOS DATOS INDICABAN UN DESCENSO DE LA CONTAMINACIÓN DEL 20%

José Luis Martínez-Almeida apostó en su campaña electoral por acabar de un plumazo con una de las medidas estrella aprobadas por su antecesora, Manuela Carmena. El candidato popular parecía sonriente en las marquesinas diseminadas por la ciudad junto a la leyenda: “Con Almeida, Madrid Central se acaba el 26 de mayo”. Esa fue la fecha de los comicios municipales de 2019 en los que el PP obtuvo sus peores resultados pero que le acabaron aupando a la Alcaldía tras pactar con Ciudadanos.

El tiempo demostró que aquella promesa no solo iba a ser complicada de llevar a cabo sino que costaría muy caro a la ciudad. Por un lado, porque la Unión Europea tiene en el punto de mira a Madrid por la amenaza que supone para la ordenanza de calidad del aire poner fin a Madrid Central; por otro, porque la zona de bajas emisiones implantada en el corazón de la capital da buenos resultados.

Todavía este martes la vicealcaldesa Begoña Villacís (Ciudadanos) se refería a Madrid Central como algo que el equipo anterior desarrolló de manera “chapucera” y “apresurada” y ahora ya “legal”. Pese a todo, pide a los madrileños “que hagan como si Madrid Central siguiera existiendo”.

El nuevo equipo de gobierno de coalición que lideran Almeida y Villacís pronto estuvo metido en un jardín laberíntico de complicada salida. La marca Madrid Central era un logro de Carmena que había que desterrar, pero algo había que planear para no perder el ritmo de los tiempos que exigen ciudades más respetuosas con el medio ambiente. Así nació el proyecto Madrid 360, una estrategia con medidas más laxas con las que se quiere llegar a los 21 distritos y que prevé cinco anillos que extienden medidas mucho más allá del centro.

El pleno de Cibeles aprobó el pasado marzo la nueva ordenanza de calidad del aire con la que se quiere dar carpetazo a Madrid Central, pero no trataba todavía el tema espinoso, el de la movilidad, por lo que eso no significaba que la actual estructura para lograr controlar las emisiones fuera a desaparecer. En la práctica, la inmensa mayoría de los ciudadanos van a asistir más a un cambio de nombre que a un cambio de normativa. Las restricciones se mantienen por más que Almeida y el PP, a veces con durísimas críticas y comparaciones exageradas, dijeran que iban a desaparecer

Los datos de finales de 2019 ya indicaban un descenso de la contaminación de un 20% en Madrid Central en su primer año de existencia. Un estudio de la federación de asociaciones ecologistas europeas la situaba como la más eficiente de Europa. En 2020, pese a ser un año marcado por los estados de alarma debido a la pandemia, el descenso en la estación de medición de emisiones de la plaza del Carmen, la única dentro de esta zona, fue de un 36% y la media de las 24 estaciones de la ciudad, de un 31%, según datos del Consistorio analizados por Ecologistas en Acción, comparados con la media de la década anterior.

Por: El PAÍS