València tendrá un edificio público de oficinas pionero en España que reducirá consumo e impacto ambiental

La ampliación del edificio administrativo de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deportes de la avenida de Campanar, en València, se realizará íntegramente en madera, de manera que se convertirá “en el primer edificio público de oficinas de España con una estructura de madera contralaminada mixta”.

Se trata de un proyecto impulsado por la directora general del Sector Público y Patrimonio, Isabel Castelló, en línea con las prioridades establecidas por la Unión Europea en su estrategia New Green Deal sobre eficiencia energética en edificios públicos. Todo ello permitirá mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo, mejorará la accesibilidad a los servicios de atención al público y reducirá el consumo energético y el impacto ambiental de la edificación.

El proyecto ha sido expuesto -en el marco de la jornada ‘Retos en la contratación pública de Edificación. Ideas para una licitación de obra excelente’- por el arquitecto Álvaro Peñín Llobel, de la UTE Peñín Dicotec, quien ha subrayado que es una propuesta comprometida con la emergencia climática, que recoge estrategias pasivas de ventilación y climatización y que apuesta por el uso de energías renovables.

“Responde de forma innovadora a los nuevos paradigmas medioambientales, así como a la necesidad de que la Administración ejerza su función ejemplarizante”, ha aseverado.

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, y el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, han inaugurado la jornada, durante la que ambos han coincidido en poner de manifiesto el esfuerzo que desde la Generalitat se está realizando en la apuesta por un cambio de paradigma en la construcción y en la edificación, que se vea reflejado en los procesos de contratación pública de la Administración autonómica, informa la Generalitat.

El objetivo es impulsar que en los proceso de licitación pública de obras se impongan cada vez más los criterios de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética, la también llamada licitación verde, han señalado tanto Rubén Martínez Dalmau como Vicent Soler, quienes han defendido el compromiso de la Generalitat con el respeto al medio ambiente y la apuesta por materiales sostenibles.

Martínez Dalmau ha asegurado que la contratación pública es la forma más importante de colaboración con el sector privado para “lograr un cambio en los modelos actuales de producción y consumo, un giro ecológico imprescindible también para la vida digna de nuestras generaciones futuras”.

“Para hacernos la idea de la importancia y el alcance, esta colaboración supone un 20% del PIB en el ámbito valenciano, español y europeo y, concretamente, la licitación de edificación representó el 43,2% de toda la licitación de obra anunciada por la Generalitat Valenciana en el año 2019, una cifra que supera los 700 millones de euros según el informe de situación de la Comunidad Valenciana elaborado por el BBVA”, ha explicado.

Asimismo, se ha referido a la Guía Verde de Contratación que permite incorporar cláusulas que “aseguran una actuación pública social y ambientalmente responsable sobre una inversión superior a 700 millones de euros anuales. Además, profundizamos en la utilización eficiente y eficaz de los recursos. No solo incorpora estos elementos a la licitación, sino que también da respuesta a las reiteradas peticiones de armonización de los agentes involucrados en el sector”.

Del mismo modo, Soler se ha mostrado convencido de que “para conseguir los objetivos de nuestras políticas públicas y particularmente los del plan de reconstrucción, es necesario mejorar nuestras prácticas de contratación, tal y como ya estamos llevando a cabo en Hacienda desde la central de compras”.

De hecho, ha incidido en que la profesionalización y la especialización en las contrataciones no solo permiten un ahorro de costes a las arcas públicas sino que además garantizan que se incluyan criterios como la sostenibilidad o la eficiencia en los pliegos, “tal y como pretendemos ahora que se incorporen también a la contratación pública de edificación”.

En cualquier caso, ha insistido en que “es fundamental que rompamos la imagen de la contratación pública como un laberinto burocrático y reconocerla como una función estratégica que nos permite generar inversión pública para fomentar el crecimiento sostenible”.

Doble crisis pándemica y climática

El responsable de Hacienda ha señalado que la coyuntura actual “nos enfrenta a una doble crisis (pandémica y climática), lo que constituye un reto, pero también una oportunidad para la recuperación económica dentro de la estrategia de transformación del modelo económico hacia un crecimiento inteligente y sostenible”.

En este sentido, ha destacado la oportunidad que representan los fondos Next Generation UE. De los 140.000 millones que se prevén para España en transferencias y créditos para los próximos seis años, al menos el 37% se destinan a transición ecológica, eficiencia de recursos y energías renovables, dentro de los objetivos del Green Deal.

Portal Web ‘Guía Verde’

Por su parte, la directora general de Innovación Ecológica en la Construcción, Nuria Matarredona, ha centrado su intervención en la ‘Contratación pública ecológica en edificación en la Generalitat Valenciana’ y ha presentado el nuevo portal interactivo de la guía de medidas medioambientales en la contratación pública en el ámbito de la edificación.

Según ha explicado, a través del nuevo portal se pretende facilitar el acceso y la consulta a esta herramienta cuyo objetivo es impulsar y ayudar en los procesos de contratación pública y que ya fue reconocida como buena práctica por el comité de las regiones en el marco del Green New Deal.

“Se pone al servicio de la Administración pública un instrumento que ayude a recorrer el camino hacia un nuevo modelo de economía circular, integrador y sostenible que necesariamente tiene que verse reflejado en los procesos de contratación pública de la Generalitat”, ha asegurado.

Se trata de un proyecto que ha sido reconocido por el Comité Europeo de las Regiones como buena práctica en la lucha contra el cambio climático y la recuperación sostenible frente a la Covid-19.

Fuente: 20 minutos