Recuperación del coronavirus y transición justa en España: una oportunidad única

Solo unos meses después de la 25a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que tuvo lugar en Madrid en diciembre de 2019, España se encontraba en medio de uno de los bloqueos de coronavirus más estrictos de Europa. El país ha sido uno de los estados miembros más afectados por la pandemia de Covid-19, pero la recuperación de la crisis apoyada por la UE es un momento crítico para que España acelere su transformación ecológica. El progreso continuo de una transición justa será esencial para garantizar una descarbonización oportuna que no deje a nadie atrás.

En 2020, la humanidad experimentó cómo el aleteo de una mariposa – o en este caso, un murciélago muy probablemente – en Wuhan puede generar un huracán que paraliza el mundo durante meses y tiene un inmenso costo humano. Esta es la primera vez en la historia que todos en la Tierra han sufrido simultáneamente una de las consecuencias de la degradación extrema de los ecosistemas. Una degradación que facilita la transmisión de enfermedades virales de los animales al ser humano y que, en un contexto de globalización, se ha extendido como la pólvora. Los impactos en la salud, el empleo y toda la economía son asombrosos.

Es difícil identificar esta pandemia como una oportunidad, pero los planes de reconstrucción para afrontar la crisis son una oportunidad única para que el mundo, Europa y España den protagonismo a la agenda climática, y aseguren que los objetivos del Acuerdo de París y más allá se cumplen. Solo quedan tres décadas para lograr cero emisiones netas para 2050 y evitar las drásticas consecuencias de un planeta calentado por encima de los 2 grados centígrados. La transición debe acelerarse.

España, uno de los países europeos más afectados por el Covid-19, está sufriendo ahora los impactos sanitarios y sociales de la pandemia más gravemente que en cualquier otro lugar, como fue el caso en la recesión de 2008. Las cifras son abrumadoras. Las tasas extremadamente altas de infección, hospitalización y muerte están ejerciendo una enorme presión sobre un sistema de salud pública ya debilitado por las políticas de austeridad. Los profesionales de la salud se han visto particularmente afectados, pero toda la población sufre los tremendos impactos económicos de las medidas de cierre. Las consecuencias económicas en España son particularmente duras en comparación con otros estados miembros europeos debido a la dependencia de la economía española del turismo y las altas tasas de desempleo del país , especialmente entre los jóvenes.

Para hacer frente a los impactos de la crisis del coronavirus, el gobierno español adoptó medidas extraordinarias para proteger el empleo y los ingresos familiares. Medio millón de empresas, cuatro millones de asalariados, un millón de autónomos y cientos de miles de personas vulnerables se han beneficiado de estas medidas, siendo las políticas más destacadas los Esquemas de Regulación del Empleo Temporal y el Sistema de Renta Mínima Vital . A pesar de este escudo social, las previsiones indican que el PIB caerá alrededor del 12 por ciento este año (muy por encima de la media de la UE), la renta de los hogares españoles caerá una media del 8,6 por ciento (cuatro veces la media de la UE) y el desempleo juvenil podría llegar al 40 por ciento.

Paradójicamente, en este escenario deprimente los vientos soplan favorablemente para la transición energética y ecológica de España. Por primera vez en mucho tiempo, España tiene la oportunidad de superar un modelo productivo particularmente insostenible: ambiental, con consecuencias devastadoras para el territorio y la biodiversidad; y socialmente, con desempleo estructural y empleos de baja calidad.

Esta oportunidad proviene principalmente de las instituciones de la UE. En lugar de abandonar a los países más afectados e imponerles una severa austeridad social (como sucedió en la anterior crisis financiera), la UE ha decidido responder con un ambicioso programa de recuperación común multimillonario, presentado como socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible.

Para la Comisión Europea, este programa, conocido como Next Generation , es un presupuesto de la UE reforzado de 750 mil millones de euros destinado a abordar el daño económico y social causado por la crisis de Covid-19, impulsar una recuperación sostenible y crear empleo. El programa propone una transformación económica y social en términos de digitalización y sostenibilidad a través de una transición energética guiada por el Green Deal.

La transición justa germina en España

En este contexto de recuperación económica y emergencia climática, conviene recordar que la temperatura media del planeta ya ha aumentado alrededor de un grado. Los efectos planetarios de este aumento se distribuyen de forma desigual y, independientemente del origen de las emisiones de gases de efecto invernadero, algunas zonas sufren el cambio climático de forma mucho más grave que otras. Millones de personas se ven desplazadas por fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo. Según la OIT , la degradación de los ecosistemas genera una pérdida anual equivalente a 82 millones de puestos de trabajo entre los 1.200 millones de personas que dependen directamente de los ecosistemas para su supervivencia.

Las consecuencias de un aumento de la temperatura planetaria de más de dos grados serían catastróficas. Sin embargo, el avance de la agenda socioambiental y las políticas climáticas ha sido demasiado lento. La Revisión Stern de 2006 sobre la economía del cambio climático dejó en claro que los costos de no tomar una acción climática a tiempo son de cinco a veinte veces más altos que los de una acción temprana. A pesar de esto, no se han tomado medidas sustanciales. En 2008, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, formuló el Green New Deal para responder simultáneamente a las crisis climática y financiera. Sin embargo, Europa ha tardado 12 años en adoptar su Pacto Verde.

También se necesitaron 18 años para que la transición justa, un término que apareció por primera vez en las negociaciones sobre el clima en la cumbre de Kioto de 1997 como una demanda de los sindicatos europeos, se incluyó en el Acuerdo de París de 2015. Este reconocimiento subraya la importancia de integrar la preocupación por el empleo decente y de calidad en las políticas climáticas. En 2017, la OIT adoptó las Directrices para una transición justa con el acuerdo de gobiernos, empleadores y sindicatos de todo el mundo. Bajo la influencia de estos acuerdos, los programas climáticos finalmente están incorporando una transición justa, como es el caso del programa europeo de recuperación.

El objetivo de una transición justa es mitigar los posibles efectos económicos adversos de la eliminación gradual de las actividades contaminantes.

En España, la agenda climática también avanza, aunque los avances están atrasados. Con la llegada de Cristina Narbona en 2004 como ministra de Medio Ambiente en el gobierno del partido socialdemócrata (PSOE), se produjo el primer intento de incorporar políticas climáticas y de transición justa. Con el apoyo del movimiento ambientalista y los sindicatos, Narbona modernizó las políticas ambientales y climáticas, aplicando el Protocolo de Kyoto institucionalizando el diálogo social tripartito para la reducción de emisiones en los sectores industriales. El intento duró poco, y finalmente se descarriló por la resistencia de las fuerzas políticas e industriales tradicionales y la crisis de 2008. Después de diez años de recaídas,

Uno de los primeros pasos desde 2018 ha sido la derogación del llamado “impuesto al sol”. Este peaje desincentivó efectivamente la instalación de paneles solares domésticos para autoconsumo al obligar a quienes invirtieron en ellos a pagar por la energía que suministraban a la red general en lugar de cobrar por ella, como había sido el caso anteriormente. La retirada del impuesto al sol estuvo acompañada de la entrada en vigor de un marco regulatorio completamente diferente a favor de la producción de energía renovable y la transición justa. Desde entonces, las energías renovables han vuelto a proliferar en España, situándose el país en el top 10 mundial en capacidad instalada en 2020 , generando interesantes perspectivas de desarrollo económico y empleo.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) y el proyecto de Ley de Cambio Climático (que incluye una Estrategia de Transición Justa) hacen de España uno de los países más avanzados en materia de transición ecológica. Además del objetivo de cero emisiones netas para 2050, España se ha fijado el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 23% para 2030 en comparación con 1990. Este objetivo aparentemente modesto, que las organizaciones medioambientales consideran bajo, representa un gran desafío: las emisiones actuales superan en más de un 10% los niveles de 1990, y lograr tal reducción permitiría a España cumplir los objetivos de reducción establecidos para Europa.

Sin embargo, lo más llamativo de la evolución actual en España es el despliegue de la transición energética al nivel más operativo: la ejecución de proyectos de eficiencia y energías renovables, y el cierre simultáneo de minas de carbón y centrales térmicas. Esta situación no tiene precedentes y sugiere perspectivas de futuro positivas en las que la transición justa tiene un papel particularmente importante.

Un catalizador para la transición

La transición justa actúa en procesos de transición ecológica (como el cierre de minas) facilitando iniciativas de desarrollo sostenible que promueven oportunidades de empleo. El objetivo de la transición justa es mitigar los posibles efectos económicos adversos de la eliminación progresiva de las actividades contaminantes, acompañando a las personas afectadas con medidas de protección social, formación y trabajo decente.

La transición a una economía baja en carbono implica abandonar el uso de carbón, gas y gasolina, las fuentes de energía que han impulsado nuestro mundo desde la primera revolución industrial. Se trata de una transformación radical que afecta no solo a la propia generación de energía, sino también a la movilidad, la construcción y el sistema agroalimentario. Sectores enteros van a desaparecer (y ya están desapareciendo), y con ellos empresas, trabajos y profesiones, en un proceso de transición con gran impacto en millones y millones de puestos de trabajo.

Si los afectados por las consecuencias negativas de la transición no reciben el apoyo suficiente, este proceso de cambio dejará a millones de personas empobrecidas. Esto plantearía importantes obstáculos sociales a la transición, retrasaría su velocidad o la haría inviable directamente.

Una transición justa busca superar estos obstáculos acompañando la transformación de la economía con inversiones que generen más empleo y con medidas de protección social, especialmente en las zonas más afectadas. Así, las estrategias de transición justa no son fórmulas generales, sino acciones dinámicas y audaces en los territorios afectados.

España se encuentra entre los que lideran el camino en este ámbito. Tan pronto como se estableció el Ministerio para la Transición Justa, su director estableció una alianza con el Director General de la OIT, comprometiéndose así a aplicar las Directrices de la OIT sobre Transición Justa. Estas directrices, incluidas en la Estrategia de Transición Justa de España , facilitaron el inicio de un diálogo con las autoridades locales, representantes empresariales y sindicales, y buscaron la implementación de una iniciativa verdaderamente innovadora: los Acuerdos de Transición Justa.

La transición a una economía baja en carbono implica abandonar las fuentes de energía que han impulsado nuestro mundo desde la primera revolución industrial. Esta es una transformación radical

Posteriormente, se creó el Instituto para la Transición Justa, que será dirigido por una de las principales especialistas mundiales en la materia, Laura Martín Murillo. Este Instituto lidera los procesos de participación y diálogo, así como la articulación de los Acuerdos, incluyendo cientos de iniciativas de desarrollo.

Desde entonces, se están cerrando minas de carbón y centrales térmicas con acuerdos de todas las partes. En la XXV Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP25) en Madrid, el Turon Mining Choir incluso actuó para celebrar los acuerdos alcanzados. Todo esto demuestra cómo una transición justa no solo es deseable, sino posible. Los diez Acuerdos de Transición Justa que se están llevando a cabo actualmente en las regiones de Asturias, León, Palencia y Teruel aportan más de 1800 iniciativas para transformar las economías locales en términos de justicia social y ambiental. Solo en la provincia de León existen más de 2000 puestos de trabajo relacionados con las energías renovables frente a los 600 que se han perdido o se perderán en las centrales térmicas, y se estima que las energías renovables tienen capacidad para dar empleo a 1700 personas más en el región.España vaciada (“España vaciada”) con foco en el empleo de mujeres y jóvenes. 

La descarbonización no implica necesariamente la pérdida neta de puestos de trabajo. Algunos puestos de trabajo desaparecerán, por supuesto, pero otros se transformarán y se crearán muchos más en sectores emergentes como las energías renovables, la movilidad eléctrica, la rehabilitación de edificios o la agricultura ecológica y local. De hecho, la OIT estima que se crearán más lugares de trabajo de los que se destruirán: por cada trabajo perdido debido a la eliminación gradual de los combustibles fósiles, se crearán cuatro como resultado de las políticas de transición para reducir las emisiones.

Evitando un punto muerto

Llega una oportunidad sin precedentes para transformar la economía española y conseguir un modelo productivo social y medioambientalmente sostenible. Una oportunidad para reorientar el sector de la construcción hacia la renovación y la eficiencia energética; sustituir el turismo de masas por opciones de ocio más respetuosas con el territorio; repensar la movilidad de bienes y personas para reducir sus impactos y emisiones.

En resumen, hay una gran urgencia y poco espacio para la postergación. Los pasos recientes van en la dirección correcta y el contexto es favorable. La Unión Europea ha tomado decisiones de gran alcance con la creación de su programa Next Generation y la adopción del Green Deal. Es fundamental abordar la crisis provocada por la pandemia con medidas que sirvan a la transición hacia sistemas productivos más ecológicos, aumenten los compromisos de reducción de emisiones, creen empleo y promuevan una transición justa.

España recibirá 140.000 millones de euros del fondo de recuperación pandémica. La reducción del paro y la precariedad laboral dependen de la buena gestión de estos fondos, fondos que también deberán garantizar la reducción de la huella de carbono de España. El tiempo no está de nuestro lado, pero todo indica que existen las ideas, los programas, las capacidades y los compromisos para evitar un estancamiento.

Por: Joaquín Nieto y Lucía Baratech, https://www.greeneuropeanjournal.eu/