¿Puede el impuesto al barril de petróleo financiar la transición energética?

  • Así lo ha planteado el presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando Vitales, en su comparecencia hace algunas semanas ante la comisión parlamentaria de reconstrucción social y económica, a la que ha trasladado una batería de propuestas para luchar contra el cambio climático.

La Fundación Renovables ha planteado en el Congreso gravar el combustible hasta equipararlo a 60 dólares el barril de Brent, con el fin de financiar inversiones contra el cambio climático, por más de 60.700 millones de euros, de los cuales 4.360 millones serían de inversión pública, al tiempo que los incentivos fiscales propuestos supondrían una aminoración de ingresos de 3.574 millones.

También ha reclamado tener definidos proyectos antes de la llegada de los fondos comunitarios ante la “mala costumbre” que detecta en la gestión pública en España: “Primero esperamos el dinero y luego decidimos dónde lo colocamos. Y acabamos colocándolo en sitios en los que a lo mejor no teníamos que colocarlo”, ha incidido, calificando estos “sitios” como “funerarios a las iniciativas políticas y económicas”.

¿Un impuesto al barril de petróleo para financiar inversión climática?

Ferrando ha pedido que estas inversiones sean viables sin un “refuerzo constante” de los poderes públicos, con un potencial de mercado suficiente, que sean replicables y que sus ejecutores sean fundamentalmente pymes. En este sentido, ha recordado cómo en 2010 una iniciativa para la rehabilitación de edificios “no funcionó” pues “se hicieron normativas para que no se cumpliera”.

Autoconsumo, rehabilitación y movilidad

El presidente de Fundación Renovables ha abogado por electrificar la demanda, fomentar el autoconsumo con 4.680 MW en 2020 y 2021 –3.000 MW para empresas, 1.000 MW para el autoconsumo individual, 280 MW para edificios públicos y 400 MW para el campo– y apostar por la rehabilitación de 750.000 viviendas, 250.000 de ellas identificadas como vulnerables, con una inversión de unos 15.000 millones y modificaciones en el IVA, el IBI y el IRPF.

Respecto al autoconsumo, ha planteado como objetivo que en 2030 un 10% de la electricidad se haga a través de esta vía, facilitando una rebaja del IVA al 10% en estas instalaciones, una rebaja del 50% en el IBI durante tres años y exenciones Fiscales en el Impuesto sobre Sociedades y en el IRPF del 5% de la inversión realizada.

También ha pedido actuar sobre la movilidad, con rebajas en las cotizaciones a la Seguridad Social para aumentar en un millón de personas el volumen de ‘teletrabajadores’, la reducción del IVA, y los Impuestos sobre la matriculación y la circulación de vehículos eléctricos y bicicletas, la modificación de tarifas en el transporte público y un compromiso para que el 5% de nuevos autobuses sean eléctricos. Asimismo, ha propuesto la construcción de 5.000 kilómetros de carriles bici y una estructura de 500.000 instalaciones de carga.

Una nueva subasta renovable antes de octubre

En el plano más inmediato, ha pedido realizar una nueva subasta de renovables en el tercer trimestre de este año por energía, sin considerar neutralidad tecnológica, con precio cerrado para cada oferta y un sistema con una frecuencia y cuantía previsible, así como con medidas contra la especulación, como la detectada en los puntos de acceso, frente a la cual ha llamado a actuar.

Para la eólica pide una asignación de 5.000 MW adicionales a la potencia no finalizada de las últimas subastas y un plan de repotenciación; para la fotovoltaica 7.500 MW de nueva potencia, de los que 2.500 MW deban enmarcarse en niveles de tensión menores a los 36 kV; una asignación de 1.000 MW para la termosolar con subastas no neutrales a desarrollar antes de 2024, así como la implantación de almacenamiento en nueve plantas que no lo tienen, y mejoras en las cinco que sí cuentan con ello.

No repetir lo sucedido en la anterior crisis

Ferrando ha insistido en no repetir lo sucedido en la anterior crisis –“no hubo lucha contra la crisis, sino contra el déficit tarifario”– pues cree que “la pagaron los consumidores y los productores renovables”, ante un aumento del precio de la electricidad del 80%, del 155% de la parte fija.

Así, entre 2008 y 2013 el transporte aumentó un 21% su retribución, la distribución un 17%, un 112% los servicios de ajuste, 445 millones los pagos de capacidad, un 116% la interrumpibilidad 550 millones en ayudas al carbón, y 3.000 millones en la activación de centrales que luego resultaron no ser rentables y se cerraron.

Todo ello en un período en el que la demanda de la electricidad bajó un 7,2%. “Salir de la crisis no es favorecer a unos pocos y perjudicar a la mayoría, sino trabajar inclusivamente a favor de todo el mundo”, ha reivindicado, al tiempo que ha criticado que la nueva normativa contra el cambio climático renuncia a actuar sobre municipios de menos de 50.000 habitantes y sitúa como objetivos para 2030 márgenes que se contemplaban para 2020 por la Comisión Europea.

Artículo publicado en Econoticias

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