Más renovables, pero con cabeza

Una treintena de investigadores pide en esta tribuna una planificación energética estratégica a escala nacional para reducir el impacto de los nuevos proyectos fotovoltaicos y eólicos

Paneles fotovoltaicos de la macrocentral de Mula, en Murcia.

El espíritu voraz con el que los humanos hemos explotado los recursos, de manera especialmente efectiva en los últimos dos siglos, es el principal motor de la pérdida de hábitats y del cambio climático global. La disminución crítica de biodiversidad causada por ambos procesos ya está produciendo desajustes de largo recorrido en todo el planeta, entre ellos los que aumentan el riesgo de aparición de pandemias como la que estamos sufriendo en estos tiempos. Sin embargo, más allá de la salida de esta emergencia sanitaria, se vislumbran tiempos complicados a medio plazo. La crisis energética debida a la disponibilidad cada vez menor de los principales combustibles utilizados hasta la fecha, y la consecuente necesidad de cambiar de modelo de generación de energía, debe ser entendida como una oportunidad. La sociedad ha comprendido la urgencia de este cambio, y la predisposición hacia las energías renovables es patente y extendida en las sociedades modernas. Según el último Eurobarómetro, los españoles consideramos que el desarrollo de energías renovables debería ser la máxima prioridad del Pacto Verde Europeo. Y es que ¿quién podría estar en contra de las energías renovables?

La implantación y extensión de las energías renovables es una oportunidad única para que España alcance un futuro más respetuoso con el medio ambiente. En ese sentido, hace ya un año que salió a consulta pública el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), un ambicioso proyecto del Gobierno de España que pretende alcanzar en 2030 los 89 GW instalados por las tecnologías renovables eólica y fotovoltaica. Ese año, cerca del 75% de la generación eléctrica deberá provenir de renovables, alcanzando el 100% en 2050. Esto podría colocarnos en el grupo de cabeza a nivel mundial de la generación de energías limpias.

Sin embargo, un plan tan ambicioso tiene también su lado oscuro. Al amparo del citado borrador del PNIEC, en los últimos meses se ha desencadenado una carrera desaforada por proponer nuevas instalaciones de energías renovables. El propio Gobierno de España ha señalado los riesgos asociados a un proceso especulativo en la venta de derechos de conexión en el mercado secundario, tratando de controlarlo mediante acción legislativa. Se están además disparando las alarmas sobre las consecuencias de repetir un sistema de concentración de la generación de la energía en oligopolios. El número de solicitudes de conexión a la red se ha disparado y se acumulan cientos de proyectos en las mesas de las administraciones responsables. Por poner el ejemplo de las fotovoltaicas, según los datos de Red Eléctrica Española, a finales de octubre de 2020 en Andalucía contaban con permiso de acceso a la red 22,5 GW, en la Comunidad de Madrid 16,3, en Castilla y León 13,6, en la Comunidad Valenciana 10, en Aragón 8,4, en Castilla-La Mancha 7,6 y en Extremadura 6,7 GW. En resumen, los permisos de acceso sólo para fotovoltaicas superan ampliamente los objetivos del PNIEC. En diciembre de 2020 debían presentarse los documentos que permitirían continuar los trámites administrativos de gran parte de estas solicitudes y evitar perder los avales presentados por los promotores. Está por ver cuánto y cómo se autoriza porque, para recuperar los avales, todos estos proyectos tendrían que ser retirados por motivos ajenos a los promotores, por ejemplo por Declaraciones de Impacto Ambiental negativas. En todo caso, las administraciones públicas están en riesgo de colapso por la acumulación de expedientes, y tanto ellas como los interesados (incluyendo las ONG conservacionistas), se ven con enormes dificultades para dar respuesta a los inconvenientes técnicos y alegaciones ambientales que suponen tantas y tan dispares solicitudes. La fragmentación en pequeños proyectos es una constante, incumpliendo la ley del sector eléctrico que regula las competencias en función de la potencia a instalar y soslayando procesos de evaluación ambiental más exigentes que permitan evaluar impactos acumulativos y sinérgicos, tal y como exige la legislación. Asistimos a un secuestro de la administración ambiental, incapaz de responder en tiempo y forma, atada a unos procesos administrativos anticuados. Pero, más allá del proceloso trámite administrativo, está la profunda transformación del territorio. Por ejemplo, cada megavatio (MW) fotovoltaico instalado supone la ocupación de un mínimo de dos hectáreas de suelo, por lo que el cumplimiento de lo previsto en el PNIEC implicará la transformación radical de decenas de miles de hectáreas, sin contar con los impactos asociados a la distribución de la energía.

La mayor parte de las instalaciones se pretende ubicar en lo que gran parte de la sociedad considera zonas marginales: áreas poco productivas de llanura, terrenos agrarios de baja productividad y zonas esteparias. Estas zonas tienen en común las buenas condiciones de radiación solar y/o intensidad del viento, el relativamente bajo precio del suelo, una baja densidad de población y pocas alternativas económicas, además de una escasa apreciación social. Pero se pasa por alto que muchas de estas zonas albergan valores naturales únicos que han convertido a España en el baluarte de la conservación en Europa. Un ejemplo de ello son las comunidades de aves esteparias (avutardas, sisones, gangas, aguiluchos, alondras, etc.), que presentan en España las mejores poblaciones europeas, cuando no mundiales, y que, dicho sea de paso, contribuyen al atractivo de España como destino del pujante turismo de naturaleza. Las aves esteparias deben ser entendidas como símbolos de la conservación, indicadoras de un medio agrario bien conservado y emblema de la calidad ambiental de nuestro país. Sin embargo, también son el grupo de aves cuyas poblaciones han sufrido mayor regresión en Europa en las últimas décadas. Estos declives se han asociado a políticas agrícolas favorecedoras de una fuerte intensificación y de cambios marcados en los usos agrarios, aplicadas en Europa y España de forma creciente durante, al menos, los últimos 20 años. Varias de estas especies se encuentran en situación crítica a nivel nacional y europeo y, ahora, la nueva amenaza de la implantación indiscriminada de centros de generación de energía podría afectar de modo irreversible algunos de sus últimos enclaves. No podemos olvidar que el Pacto Verde Europeo —la hoja de ruta que marca la Unión Europea para alcanzar una economía sostenible— tiene entre sus pilares fundamentales la protección y restauración de la biodiversidad. Ni que España está obligada por las directivas europeas y sus propias leyes a proteger y favorecer la recuperación de las especies amenazadas. Pero no es sólo una obligación legal y moral: cualquiera puede entender que nuestro bienestar depende de ecosistemas sanos y de los servicios que nos brindan, algo que ninguna tecnología puede sustituir. Por eso debemos oponernos al dilema falaz entre combatir la pérdida de biodiversidad o el cambio climático, porque ambos problemas tienen la misma causa, nuestro consumo voraz de recursos naturales, y son responsabilidades ineludibles que debemos afrontar. En definitiva, la energía limpia no puede justificar la destrucción de nuestros valores ambientales, porque sin biodiversidad tampoco hay futuro.

La necesaria y deseada transición energética en España no puede ser el resultado de un proceso acumulativo de proyectos fraccionados, ni debe generar cambios irreparables en nuestro territorio. El futuro PNIEC debe incluir la exigencia de una planificación energética estratégica a escala nacional, garantizar la integración de políticas sectoriales e incluir la consideración de un medio ambiente bien conservado de forma transversal. Los pasos dados en este sentido son insuficientes, porque muchas de las grandes transformaciones se están desarrollando a día de hoy. Continuando con el ejemplo de las aves esteparias, la reciente zonificación ambiental para proyectos de fotovoltaicas y eólicas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico establece como de mínima sensibilidad la mayoría de las zonas llanas y no protegidas de España, lo que condenaría a la extinción a muchas poblaciones de estas especies. Hay más elementos críticos en esta transición que, en nuestra opinión, deberían tener sus pilares en la eficiencia y el ahorro energético, tal y como marcan las directivas europeas. En esta línea, la política energética debería ir dirigida a una gestión de la producción ajustada a la demanda, y no a hipotéticos mercados futuros que dan soporte a la especulación. Además, los centros de generación deberían estar situados cerca de los de consumo, promoviendo al máximo la ocupación de suelos y techos industriales y urbanos, y reduciendo así el impacto ambiental de las líneas de transporte de la energía generada. No estamos solos en estas demandas: también se recogen en el documento de posición sobre transición energética elaborado por el Comité Científico de la Sociedad Española de Ornitología y en el Libro Blanco que publicará en breve el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entre otros. Académicos y conservacionistas comparten nuestra postura. Aunque ya vamos tarde, estamos a tiempo de corregir el rumbo y no sacrificar valores naturales únicos que tenemos la obligación de preservar. Más renovables sí, las que hagan falta, pero con cabeza.

Fuente: El País