Fondos de reconstrucción europea a través del transporte

Los proyectos en cartera del sector transportes, centrados, principalmente en Adif, tienen un alto grado de avance por lo que es muy probable que reciban el visto bueno de las autoridades comunitarias. Los fondos de reconstrucción europea vendrán, en un gran porcentaje, a través de este sector.

Por: C. Morán.

La modernización de las infraestructuras de transporte fueron, en el arranque del nuevo siglo, el gran dinamizador de la economía española. Gracias a los fondos estructurales y de cohesión, España se convirtió en el primer receptor de ayudas europeas, que se emplearon en la construcción de autovías, puertos y nuevas líneas de alta velocidad, entre otras inversiones públicas.

Los fondos asignados a España a través del mecanismo de recuperación y resiliencia, de 72.000 millones de euros, representan una nueva oportunidad para repetir el éxito del pasado.

«España no puede permitirse el lujo de dejar escapar esta ocasión, por lo que hay que aprovechar al máximo los plazos para llevar a Bruselas una lista de proyectos que encajen en el fondo de recuperación», indican desde el sector de las infraestructuras, un área que podría acaparar cerca del 40% de los recursos asignados. En infraestructuras de transportes, el ferrocarril se ha convertido en el modo estrella, ya que sobre él convergen buena parte de los indicadores que la Comisión Europea exigirá para facilitar los fondos. Se trata de una inversión que tiene un impacto directo sobre el empleo a corto plazo, que cumple con las exigencias de lucha contra el cambio climático, con un alto componente tecnológico y que se adapta a las nuevas formas de movilidad.

A falta de conocer la letra pequeña del mecanismo de recuperación, Adif tiene todas las papeletas para ser la unidad de inversión de Estado mejor preparada para captar fondos europeos. «Los proyectos en cartera de Adif tienen un alto grado de avance por lo que es muy probable que reciban el visto bueno de las autoridades comunitarias», indican desde la compañía pública que se encuentra a punto de licitar su plan de electrolineras.

La presidenta del administrador ferroviario, Isabel Pardo, ya anticipó este verano que la empresa estatal dispone de proyectos en alta velocidad de más de 16.000 millones de euros, entre la finalización de conexiones en fase de construcción, nuevas estaciones, desarrollo de proyectos de telecomunicaciones y de eficiencia energética.

Entre los proyectos que se pueden acelerar gracias a la inyección económica comunitaria figura el AVE a Barajas. Según las fuentes consultadas, la conexión con el aeropuerto de Madrid podría hacerse realidad pronto si el ministerio acepta definivamente la propuesta de un tercer hilo aprovechando la actual línea de cercanías que conecta con las terminales de Barajas. Se trata de una inversión asumible, valorada en unos 90 millones de euros, que contribuirá a trasvasar el trafico de corto radio al tren. Los vuelos domésticos tienen los días contados debido a su alta tasa de contaminación.

En una segunda fase, se podría analizar la construcción de un corredor de alta velocidad con la construcción de una nueva estación en el aeropuerto, una inversión de unos 400 millones de euros que podría abordarse con la participación del sector privado.

La llegada del AVE a Barajas figura entre las demandas de los nuevos competidores de Renfe en la alta velocidad. La ruptura del monopolio ferroviario es una reforma impulsada desde Bruselas, por lo que la Comisión Europea la vigilará de cerca para medir su cumplimiento.

La pandemia ha alterado la agenda de trabajo de los operadores entrantes (SNCF e Ilsa en el caso de España) por la caída tan brusca de los tráficos en la primera parte de 2020. No obstante, las proyecciones a medio y largo plazo apuntan a un giro histórico en la forma de viajar para distancias de menos de 1.000 kilómetros. Todo apunta a que el tren será el medio estrella en los próximos 50 años, por encima del avión y del transporte por carretera. Un informe de UBS detalla los factores que contribuyen al reinado del tren para distancias de hasta 700 kilómetros. Entre ellas, «que los usuarios ya no dan tanta relevancia a los tiempos de viaje». En una encuesta citada por la entidad suiza entre 1.000 personas de Europa y de China se llega a la conclusión de que en los viajes de placer, los usuarios toleran entre 5 y 6 horas, mientras que para los negocios, un tiempo razonable sería en torno a 4 horas, «cuando el consenso estaba en 2/3 horas».

El Covid también ha acentuado, según UBS, la conciencia de lucha contra el cambio climático, una batalla en la que el tren también se impone. «En 2017, el transporte generó 4.483 millones de toneladas de CO2, solo el 0,5% atribuible al tren».

Según los expertos, entre las ventajas del sector constructor para acelerar la recuperación de la economía sobresale su capacidad para generar empleo y retornos fiscales a corto plazo. En el plazo de un año se han presentado varias iniciativas que avalan esta teoría y que podrían servir de guía al Gobierno para canalizar la inversión hacia proyectos de infraestructuras que encajan con las condiciones de la UE y los objetivos de lucha contra el cambio climático.

La patronal Seopan envió un documento al Gobierno donde identifica proyectos que suman inversiones por 157.000 millones de euros. Se trata de proyectos relacionados con la alta velocidad, las cercanías, nuevas infraestructuras sanitarias y mejora de la planta de tratamiento de agua, entre otras obras. «No hay que perder ni un minuto. Los ministerios inversores deben adelantar licitaciones y lanzar un programa basado en la colaboración públicoprivada», dicen desde Seopan que estiman que el Estado tendría que aportar solo 31.000 millones. Los 125.000 millones restantes los pondría el sector privado a través de esquemas concesionales.

Otras organizaciones han trasladado al Gobierno propuestas muy ambiciosas de inversión también apoyadas en la iniciativa privada. En julio, los grandes grupos de infraestructuras y de servicios agrupados en la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (Ccies) enviaron una carta a Pedro Sánchez con un compromiso de inversión privada multimillonario para contribuir a la recuperación económica de España. Estas empresas, entre las que figuran Abertis, Alsa, Cellnex, Suez, Areas y Saba, entre otras, están dispuestas a realizar inversiones directas de 301.000 millones de euros en ocho ámbitos de la actividad económica con el objetivo de estimular el empleo y la creación de riqueza sin dañar las cuentas públicas. El plan, basado en la fórmula clásica de la concesión, pivota sobre ocho ejes de actuación: vivienda en alquiler de precio regulado en suelo público; ciclo integral del agua; infraestructuras de transporte y movilidad; 5G en la red viaria de alta capacidad; logística y transformación tecnológica de los aparcamientos; eficiencia energética; energía fotovoltaica y recarga de vehículos eléctricos; residencias asistenciales; y programas de tratamiento de residuos y medio ambiente.

El temor entre las empresas es que España desaproveche una oportunidad única por no hacer bien los deberes. Uno de los requisitos para recibir luz verde de Bruselas es que los proyectos deben tener un alto grado de avance para su inmediata licitación o que ya se encuentren adjudicados.

«Hay organismos de contratación con expedientes muy avanzados pero hay otros que si no se dan prisa podrían quedarse fuera», advierten desde Seopan, que creen que el Gobierno debería aprobar un sistema de tramitación urgente para acelerar licitaciones.

Entre los organismos deficitarios destacan las actuaciones relacionadas con el tratamiento, saneamiento y depuración del agua. Se trata de un área que encaja con la visión de la UE, pero que en España acumula un retraso histórico, con el pago de una multa por incumplimientos en depuración. Los expertos calculan que la inversión en esta área podría ascender a más de 6.000 millones de euros

Artículo publicado en Expansión