La patronal de las aseguradoras pide más “activos sostenibles” en los que invertir

Mirenchu del Valle

Mirenchu del Valle, secretaria general de Unespa (la patronal de las aseguradoras) ha destacado esta mañana el papel de la industria del seguro como inversor institucional en sostenibilidad: “Desde hace 25 años el sector invierte cada día 22 millones de euros en la economía, generalmente con vocación de largo plazo.  Somos un aliado natural en el Pacto Verde europeo, y en esta transición hacia una economía más sostenible. Estamos dispuestos a invertir en estos activos verdes”, pero esa intención no necesariamente se traducirá en una “enorme” inversión “si los emisores no ponen [en el mercado] un número suficiente de activos que cumplan estos criterios de sostenibilidad a nivel europeo”. En definitiva, existe “una intención de invertir, pero necesitamos que haya activos” para ello, ha insistido Del Valle, que ha realizado estas declaraciones en el evento online Implicaciones del sector asegurador en la inversión sostenible, organizado por Spainsif (plataforma para la promoción de la inversión responsable en España).

Hace tiempo, en el arranque de la normativa de sostenibilidad, “muchos pensábamos que sería solo un check normativo más”, ha reflexionado Carlos Magán, socio de Afi, “pero no es así, es algo que impacta en nuestros modelos de negocio”, porque la sostenibilidad es algo “por lo que van a empezar a preguntar nuestros stakeholders, nuestros grupos de interés”.  

Incoherencias en el calendario 

Tanto Mirenchu del Valle como Elena Tejero, que ha participado en nombre de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, han puesto de relieve las incoherencias del calendario para la aplicación de la normativa europea. El próximo 10 de marzo de 2021 entra en vigor ya el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y a los riesgos de sostenibilidad, según el cual, entre otras cosas, las entidades deberán aclarar a sus clientes si sus productos integran o no los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, y cómo lo hacen. El problema es que la información necesaria para ello no estará lista para esa fecha, ya que las normas técnicas de regulación (RTS, por sus siglas en inglés) sobre la metodología y la presentación de dicha información aún no están aprobadas. Se espera que se aprueben este mismo mes, pero posteriormente deberán superar otro trámite en la Comisión Europa, lo que dilatará el proceso y hará imposible que estén listos para marzo.

“Diría que estamos en una situación delicada, ya que a la incertidumbre que generan las nuevas normas se suma que no contamos con un marco completo definido”, ha señalado Mirenchu del Valle.

El plan inicial de los legisladores europeos para la aplicación del reglamento de Divulgación (que incluía un ambicioso calendario) sí estaba planteado de forma que la normativa pudiese aplicarse desde el 10 de marzo, pero la crisis provocada por el Covid-19 ha hecho necesario para la Comisión Europea dilatar los plazos.  

De cara a ese periodo transitorio (el que transcurrirá desde el 10 de marzo hasta que se aprueben las mencionadas normas técnicas), es previsible que las entidades utilicen como referencia una declaración de los supervisores sobre qué información se espera que faciliten en materia de sostenibilidad, para que de este modo “vayan acostumbrándose a este tipo de información, y se la puedan facilitar a los consumidores” ya desde marzo, según ha señalado Elena Tejero. 

“Con el Reglamento de Divulgación vamos a tener que cumplir con determinadas obligaciones sin disponer a día de hoy de los RTS”, ha lamentado Del Valle. “Diría que nos encontramos en una situación delicada, porque a la incertidumbre que genera la aplicación de las nuevas normas se suma el hecho de que no contemos con un marco completo definido”, ha enfatizado la secretaria general de Unespa.

El evento también ha contado con la participación de Rafael Aldama, responsable de ventas institucional en DWS Iberia, Alberto Matellán, economista jefe de Mapfre, Raúl Mateos, responsable de Advisory Investments de Willis Towers Watson y Juan Prieto, socio fundador de Corporance Asesores de Voto.

Por: María Domínguez, elEconomista