Diez luces y cinco sombras de la ley de Cambio Climático

El debate parlamentario en Congreso mantiene el plan para que los coches de combustión interna dejen de entrar en el mercado en el 2040

El texto del proyecto de ley de Cambio Climático, cuya elaboración está a punto de completarse en el Congreso de los Diputados, mantiene la previsión de prescindir de los vehículos convencionales de combustión interna en el año 2040 (gasolina, diésel e híbridos no enchufables). Superado el trámite de la ponencia (que ha definido el grueso del articulado) la previsión es que el texto sea aprobado en comisión a principios de abril y se envíe al Senado. “La ley es ahora mejor que cuando entró en el Congreso», sostiene Juantxo López de Uralde, presidente de la comisión para la transición ecológica del Congreso que ha pilotado toda la negociación.  En los últimos momentos se han introducido dos nuevos principios rectores de la ley. 1) Se debe reforzar el desarrollo económico de las zonas que acojan centrales de producción de energías renovables, y 2) para afrontar a crisis climática se deberá actuar teniendo en cuenta «la mejor y más reciente evidencia científica disponible incluyendo los últimos informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC)».

Estas son las claves del documento pactado por Unidas Podemos y PSOE con apoyo de ERC, Bildu, PNV y Teruel Existe.

Las luces

1) Vehículos a motor. Pese a la polémica que se desató en su día, los coches de combustión interna dejarán de ser introducidos en el mercado en el 2040. El texto evita las fórmulas imperativas, pero marca esta fecha como señal indicativa clara. Algunas organizaciones ecologistas habían pedido que la “fecha de caducidad” se adelantara al 2035 para que no hubiera coches de combustión interna circulando más allá del 2050. “Si se siguen vendiendo coches de combustión hasta el 2040, dado que pueden tener 15 años de vida, nos encontraremos con que estarán circulando mucho más allá del año 2050”, se queja Carlos Bravo, portavoz de Transport and Environment. Sería una contradicción, puesto que en esta fecha se debería alcanzar la neutralidad climática (un balance de emisiones cero).

2) Reducir emisiones. Para el 2030, el compromiso es reducir un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a las de 1990 (frente al recorte del 20% inicialmente previsto). Se ha pactado también que este objetivo deberá ser revisado al alza en 2023. Ha sido la respuesta a las demandas de diversas organizaciones ecologistas (Greenpeace…) y Más País-Equo, el partido de Íñigo Errejón, que habían pedido un recorte de emisiones mucho mayor (-55%). Sin embargo, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera sostiene que la meta del -23% es coherente y que encaja con el aumento de ambición prometido por la Comisión Europea para el conjunto de la UE (-55% en 2030 respecto a los niveles de 1990 en el conjunto de la UE.)

Posición de Más País-Equo

«Es posible hacer mucho más»

Más País-Equo considera sin embargo que la reducción de emisiones del 23% para 2030, prevista en la ley «no se alinea con la ciencia». Es una reducción «conservadora y se corresponde con cálculos anteriores a la pandemia. Todos sabemos, incluido el Gobierno, que es posible y necesario hoy hacer mucho más. Hay que tener en cuenta la fuerte caída de las emisiones durante la pandemia así como la llegada de los fondos europeos que acelerarán la transición ecológica», dice Florent Marcellesi, coportavoz de Verdes Equo. «Llamamos a PSOE y UP a dar un salto valiente al presente y a escuchar a la ciencia, la juventud y las oenegés ecologistas. Queda tiempo de aquí a la votación en el Congreso para actualizar los objetivos para 2030. Para que esta ley no nazca obsoleta y vieja, es imprescindible aumentar su ambición climática” 

3) Renovables y pequeños productores. Tras la negociación Unidas Podemos-PSOE, se intensifican los objetivos. En el 2030, las energías limpias deberán representar el 42% en el consumo final de energía (y no del 35% inicialmente previsto), y aportar el 74% del sistema eléctrico (y no el 70%). El consumo de energía primaria deberá reducirse un 39,5%.

El documento no menciona la palabra «autoconsumo»  de las fuentes renovables. El sector fotovotaico (Unef) quería que se aprovechara la ley para trasponer la directiva de energías renovables (para mejorar los aspectos sobre seguridad jurídica, simplificación administrativa y derechos de los autoconsumidores). También pidió sin éxito que el 20% de la potencia que se subaste se reserve para las plantas de menos de 10MW para hacer un hueco para los pequeños productores.

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4) Costas libres de petróleo. No se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos. Esta disposición afecta también a las zonas costeras. Era una de las demandas de las organizaciones ecologistas que reclamaba este veto en Baleares o Canarias. “No procederá la admisión a trámite de la solicitud de concesión de autorización de explotación de hidrocarburos que no hubiere sido iniciada con anterior a la fecha de entrada en vigor de concesión”, se señala taxativamente. Las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos a vigentes no podrán prorrogarse más allá del 31 de diciembre de 2042.

5) Fractura hidráulica, no al fracking. Una vez que la ley esté operativa tampoco se otorgarán nuevas autorizaciones en el territorio español para actividades de explotación de hidrocarburos donde esté previsto el uso de la fracturación hidráulica de alto volumen, conocido como «fracking».

6) Adiós a la minería de uranio. A partir de la aprobación de la ley, “no se admitirán nuevas solicitudes para el otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas” de minas o minerales radiactivos. Es la “sentencia” para la mina de uranio que promueve una multinacional en Retortillo (Salamanca).

7) Zonas de bajas emisiones. El texto mantiene la obligación de crear zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de más de 50.000 habitantes para el 2023, con el fin de reducir la contaminación atmosférica y las emisiones de CO2.

8) Rehabilitación de viviendas. Se refuerzan los artículos en este ámbito. Los materiales utilizados en la rehabilitación de los edificios deberán tener la menor huella de carbono posible a fin de disminuir las emisiones totales. Una vez aprobada la ley, en seis meses, el Gobierno debe presentar un plan de rehabilitación de viviendas. Se han introducido también introducen diversas propuestas en el último momento para aumentar la digitalización dentro de las estrategias para descarbonización.

9) Energía y espacios naturales. Otra novedad. El despliegue de las energías renovables “debe llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del medio natural y la adecuada ordenación territorial”. Para ello, parte de riqueza generada debe “revertir” sobre el territorio para “activar su economía y combatir su declive demográfico”. También se protegerán los sumideros de carbono terrestres (bosques), se fomentaran los productos forestales de los montes y se apoyará la bioeconomía como motor de desarrollo del mundo rural, dicen algunos de los nuevos artículos incorporados.

10) La dieta, a escena. “Introducimos la dieta en la lucha contra el cambio climático”, dice Juantxo López de Uralde, presidente de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso. Los contratos públicos podrán fijar condiciones especiales que “primen los alimentos frescos o de temporada, y con un circuito corto de distribución”, para reducir emisiones de gases.

Las sombras

1) Recarga eléctrica. Los titulares de las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes para vehículos (electrolineras) deberán instalar al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW en corriente continua, en un plazo de tiempo de entre 21 y 27 meses, a partir de la entrada en vigor de la ley. Más País, Compromís, Esquerra Republicana de Catalunya y Teruel Existe han pedido sustituir en todos sus apartados esos 50 kW que ahora establece por 150kW. Con 150 kW la recarga se realizaría tres veces más rápido que con 50 kW, ahorrando un tiempo considerable de espera, lo que es un elemento importante cuando se está de viaj. Diversas oenegés (Transport and Environment, Ecodes, Fundación Renovables, IIDMA, SEO/BirdLife) consideran que el artículo, en este ámbito, presenta grandes carencias. Critican que, con su formulación actual, se pone el ritmo del despliegue de las infraestructuras de recarga únicamente en manos de las estaciones de servicio existentes. Se quejan de que no se regula el papel de otras entidades que también podrían actuar como operadores de infraestructura de recarga rápida. A través del Código Técnico de la Edificación, se articulará la instalación de sistemas de recarga en edificios de nueva construcción y en intervenciones en edificios existentes, con el fin de conseguir un transporte más limpio en las ciudades.

2) Presupuestos de carbono. Los objetivos sobre reducción de emisiones se podrán revisar al alza, pero no se ha recogido la propuesta de fijar anualmente unos presupuestos de carbono, las emisiones permitidas cada año para marcar los hitos que permitan garantizar una senda de descarbonización correcta. “No se ha querido introducir esta figura, que recoge la legislación de Gran Bretaña, Francia o Alemania”, se queja Carlos Bravos, portavoz de Transport and Environment.

3) Camiones. No hay medidas para descarbonizar el sector del transporte por carretera (responsable, por sí solo, del 26,8% del total de emisiones nacionales de gases de efecto invernadero). No hay objetivos sobre reducción de emisiones específicos para los camiones. El Gobierno se comprometerá a fijar objetivos sobre biocombustibles y combustibles alternativos de origen renovable para el transporte, pero no hay metas especificas o mención específica para la aviación (queróseno sintético de origen renovable)

4) Planes de acción de las empresas. No se incluye una obligación de que las grandes empresas públicas españolas elaboren planes de acción climática con sus compromisos en la materia. En este ámbito, las compañías cotizadas, las entidades de crédito, aseguradoras y reaseguradoras elaborarán un informe anual sobre la exposición de su actividad a los riesgos del cambio climático y las medidas que se adopten. Las entidades financieras publicarán objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París a partir de 2023.

5) Asambleas ciudadanas. Las oenegés echan en falta las asambleas ciudadanas sobre cambio climático. Formadas por unas 100 o 150 personas elegidas por sorteo, funcionan como un jurado popular que debate y adopta sus propias resoluciones. El 21 de enero de 2020 el Consejo de Ministros prometió en su declaración de emergencia climática que iba a convocar las asambleas ciudadanas en cien días y que así se buscaba «reforzar los mecanismos de participación ya existentes con una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático» pero más de un año después «no ha habido avances en este sentido», se queja Extinction. «Es incomprensible que ne se haya aceptado nuetra propuesta, ya que en los presupuestos generales del estado, se aprobó una propuesta nuestra a favor de la Asamblea climática ciudadana. Hay que ser coherentes y ahora incluir la participación ciudadana en la Ley», dice Más País-Equo.

Por: Antonio Cerrillo, La Vanguardia